Por cuarta vez consecutiva, y a más de un año de los sucesos del 12 de abril, el Tribunal 27° de Juicio de Caracas difirió la apertura del proceso oral y público contra los ocho agentes de seguridad del Estado que dispararon y mataron al estudiante Bassil Da Costa.
La abogada de la madre de la víctima, Elenis González, informó que cuando todas las partes se presentaron al tribunal, no había ni despacho ni secretaría, por lo que desconocen las razones de la suspensión.
«Esta es la cuarta vez que difieren este juicio, y me parece injusto pues Bassil Da Costa fue la primera víctima de la represión del 12 de febrero 2014», afirmó.
De acuerdo con Rodríguez, abogada penalista y directora de la organización no gubernamental Fundación para el Debido Proceso (Fundeci), será el próximo lunes, o cuando reabara el tribunal, cuando la juez nombre una nueva fecha para la apertura del proceso oral y público.
«Creo que estan jugando al cansancio. Nosotros tenemos la fortaleza de seguir adelante con este proceso, pero no sabemos hasta donde llega la burla hacia la familia de Bassil Da Costa, especialmente su madre, quien ha sido excluida totalmente por el Ministerio Público, institución que según la Constitución debe estar del lado de la víctima», expresó
Cabe recordar, por este caso está privado de libertad el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho, por ser el presunto autor material del disparo que le quitó la vida al manifestante opositor. Otros siete funcionarios de este cuerpo, incluyendo a dos escoltas del Ministerio del Interior y Justicia, son procesados en libertad por su responsabilidad correspectiva.
La mentira de Ortega
Para la representa legal de Yaneth Frías, madre de Bassil Da Costa, la tardanza del sistema judicial en aplicar un castigo por este caso, demuestra que la justicia venezolana es efectiva sólo cuando quiere.
Así mismo, Rodríguez repudió las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dijo el martes ante la Asamblea Nacional que «el respeto a los derechos humanos es una política de Estado».
«Ni la fiscal, ni los poderes Judicial y Ejecutivo, le dicen la verdad al país. Aquí lo que hay es una gran mentira. Las violaciones de derechos fundamentales continúan en la impunidad», afirmó la abogada.
«Me preocupa mucho casos como la aparición, hace tres meses, de tres jóvenes ajusticiados quienes eran parte del grupo que protesta en Altamira. Sobre eso hay un gran silencio, no se sabe ni siquiera si esta siendo investigado. La justicia es sólo para los afectos al gobierno», concluyó.
