He leído su carta solicitando al presidente Obama la derogatoria del decreto que califica a Venezuela como amenaza a los Estados Unidos.
Usted sabe que esa es sólo una fórmula jurídica para que el Congreso apruebe las sanciones a siete individuos que están en el alto gobierno y que, según USA, son unos delincuentes implicados en el tráfico de drogas, violación de derechos humanos y blanqueo de capitales.
Esa calificación de país peligroso es muy fácil de superar: bastaría que el gobierno someta a esas personas a investigación tanto interna como internacional, que pida las pruebas a la DEA y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y las lleve a juicio si resultaran ciertas las acusaciones que hay contra ellos. Usted dejó de proponer esa alternativa al plegarse a la histeria colectiva creada por el gobierno, haciéndonos creer que la patria está en peligro, todo para proteger a supuestos delincuentes.
No me sorprendería que Obama agregue más nombres a la lista dada la generalización de la corrupción y la violación de los derechos humanos. La contra a eso es comenzar en serio a luchar contra la corrupción, abrir cárceles, cesar las detenciones arbitrarias y cumplir los lapsos legales para enjuiciar.
No está en la ética del régimen corregir su corrupción. Nadie investiga los muchos casos que fueron apareciendo a lo largo de todos estos años. Cuando finalmente se destape la olla brotará mucha podredumbre: las maletas viajeras repletas de dólares, los Pudreval, el saqueo de los dólares a 6,30, los casos de dineros mal habidos depositados en paraísos fiscales asociados a gente de Pdvsa y, quién sabe, hasta se sabrá quién mató a Danilo Anderson.
Ciertamente, a Obama hay que pedirle que retire la calificación de peligro que nos están aplicando, pero sólo luego de que Maduro tome las medidas y que su gesto dé resultados reales.
El decreto de Obama tiene para la oposición un valor fundamental: confirma y apoya lo que ella ha estado denunciando desde hace años.
No queremos que nos invadan, pero sí queremos vivir en un país decente, donde no se violen los derechos humanos y se combata la corrupción. Es cierto que en todas partes hay corrupción y violación de los derechos humanos, pero en muchas partes un sistema judicial independiente combinado con un Congreso que sí indaga y una amplia libertad de prensa ayuda a mantener los problemas bajo control.
Pero aquí el gobierno argumenta que USA no tiene autoridad moral para reclamar derechos humanos porque ellos también los violan y si ellos tienen el derecho de hacerlo, nosotros también.
