Trabajadores pertenecientes a a directiva del sindicato de la Hidrológica del estado Lara, se dirigieron a la sede de EL IMPULSO para denunciar y ratificar la presencia de la presidenta de Hidrolara, Adriana Díaz, como persona “no grata”.
Luis Rodríguez, secretario de reclamos del sindicato de trabajadores de Hidrolara, expresó que la actual presidenta ejerce de forma “ilegal” el cargo, debido a que fue destituida del mismo el 26 de noviembre del 2013 a través de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual fue ratificada el 20 de enero de 2014 por el gobernador Henri Falcón. Díaz está en el cargo desde el año 2011.
Rodríguez denunció que Díaz utiliza la oficina, vehículos y personal de la empresa para su transporte, “incurriendo a hechos de corrupción y usurpación de cargo”.
A partir de esta situación, aseguran que existe una gran incorfomidad en la masa trabajadora, ya que la empresa “ha venido en una decadencia continua y permanente en todos los ámbitos, tanto laboral como operativo”.
“Cada dia hay mayor deficiencia en la prestación del servicio, mayor cantidad de cloacas colapsadas y fallas. Las unidades vehículares están inoperativas en un 90 por ciento”, manifestó.
De igual forma, denuncian que los camiones de vacíos que históricamente ha tenido Hidrolara para el mantenimiento de cloacas, fueron sacados de servicio y la gerencia no ha realizado ninguna acción para repararlos. Para sustituir los camiones “pagan millones mensualmente a una empresa que brinda el servicio”.
Por otro lado, reclaman que el pago de sus beneficios contractuales no se cancelan en su mayoría desde hace cinco años. “Los descuentos en materia de seguridad social no han sido cancelados a la Tesorería Nacional de la Seguridad Social”. La gerencia alega que los recursos se encuentran en una cuenta de terceros, la cual aseguran que “legalmente no puede durar más de un año y desde hace cuatro años el dinero está desaparecido”. De igual forma, manifestaron que tienen dos años atrasados en la discusión del contrato colectivo y necesitan que la gobernación consigne el informe necesario para dar inicio a las negociaciones, porque “está aislado a la realidad del país”.
Hacen un llamado
Los trabajadores hacen un llamado al gobernador Henri Falcón para discutir el tema de las reinvindicaciones, a la Contraloría General de la República para que designe un equipo y al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, para que “se apersonen a la empresa y se reúnan con los trabajadores sindicales para buscarle solución al estado de quiebra de la empresa”, el cual aseguran, no se debe a falta de recursos porque tienen “la cancelación y facturación más alta del país, entre 80 y 100 millones mensuales”, en términos directos a los usuarios y suscriptores.
