Prejuicios en temas de sexualidad y reproducción, vacío de información y una alarmante tolerancia hacia ciertas formas de violencia contra la mujer, son algunas de las conclusiones de una reciente investigación desarrollada por tres organizaciones venezolanas.
Los resultados del Estudio sobre las Condiciones Legislativas, Institucionales y Sociales para el Reconocimiento, Protección y Ejercicio de los Derechos de la Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela, fueron presentados en la ciudad durante una actividad realizada en el Centro Gumilla, coordinado por Alaplaf y con participación de las instituciones responsables: la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi) y Aliadas en Cadena.
Magdymar León, coordinadora ejecutiva de Avesa, explica que se trató de una suerte de diagnóstico del tema de los derechos sexuales y reproductivos en el país, realizado con apoyo de la Unión Europea. “Por un lado, se buscó evaluar cómo está el reconocimiento de estos derechos en el ámbito legal y el efecto de los programas vinculados, pero el punto central fue conocer cuál es la opinión de las personas respecto a estos temas”.
“Obtuvimos datos que apuntan hacia la necesidad de desarrollar políticas de educación enfocadas hacia la población adolescente a fin de estimular el reconocimiento de sus derechos. Pero, también puntos alarmantes como la poca visibilización de ciertas formas de violencia contra la mujer, reforzamiento de una actitud pasiva de las mujeres durante el embarazo y parto ante el criterio médico”.
León también advirtió sobre la existencia de “una suerte de disculpa de la población ante los crímenes o violencia hacia la mujer que ocurren por celos. En definitiva, tenemos varios elementos que nos indican los temas sobre los que se debe ahondar con el desarrollo de programas educativos o de información que permitan un mejor ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía”.
La encuesta se llevó a cabo en cinco ciudades: Barquisimeto, Maracay, Maracaibo, Mérida y la Gran Caracas. “Se encuestaron 1.158 personas, mayores de 18 años”.
Belkis Lugo, consultora de Aliadas en Cadena, destacó las dificultades existentes en el tema de la diversidad sexual. “No se acepta, por ejemplo, que estas personas tengan derecho al matrimonio igualitario o que puedan adoptar o tengan hijos, pero sí se tolera su derecho a trabajar”.
La población consultada considera que todas las personas con VIH o Sida deben tener un identificador, “con lo que se violenta su derecho a la intimidad y se indica que se sigue asociando esta enfermedad con la muerte y con una mala sexualidad, por eso, es necesario cambiar conocimientos, actitudes y creencias que ayuden a entender lo establecido en la legislación del país”.
