Para una mayor concentración de poder en su persona, la aprobación de una nueva Ley Habilitante, otorgada al Presidente de la República por la Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituye no sólo una violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las elecciones parlamentarias de finales de este año 2015, y en las que el chavismo sin Chávez, descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, puede abstenerse o votar en contra de sus candidatos y provocarle una contundente derrota.
En la proximidad de unas elecciones parlamentarias en las que el Presidente escogerá a la mayoría de los candidatos del PSUV, que posiblemente concurran a unas elecciones primarias férreamente controladas, la aprobación de la nueva ley habilitante es también un desafío a los electores para que le otorguen más poder, particularmente los incondicionales u obedientes a su mandato. Maduro desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista, porque la sociedad civil saldrá a votar masivamente en su contra. Si todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Nicolás Maduro sabe, por las encuestas que ha mandado a realizar, que puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o a renunciar antes de someterse a un referendo.
El otro objetivo de la aprobación, aparentemente improvisada, de esta ley habilitante puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al heredero del extinto Comandante profundizar la represión. Y de allí en adelante aplicar su ley habilitante violando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.
Por la experiencia nacional e incluso mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos decretos leyes que puede aprobar Maduro, afectarán a la mayoría de la población, que tiene la oportunidad de derrotar al maduro-cabellismo en las urnas electores en noviembre o diciembre cuando convocan las parlamentarias, modificar la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia autoritaria y militarista.
El gobierno atraviesa su peor momento, cuando el mundo democrático condena la violación de los Derechos Humanos, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sanciona a 7 altos funcionarios acusados de atropellar y torturar a centenares de estudiantes y ciudadanos que les acompañaban en sus protestas pacíficas, solicitando, como la establece la Constitución la renuncia de Maduro. Cuando el universo democrático también condena la utilización de grupos parapoliciales y paramilitares armados para reprimir y disparar contra manifestantes pacíficos. Y para agravarle la crisis al gobierno se destapa la olla podrida del robo a Cadivi y el lavado de dineros públicos por parte de PDVSA en bancos europeos y latinoamericanos, cuyas consecuencias son difíciles de prever, porque son decenas o centenares de altos funcionarios corruptos los descubiertos, más los protegidos por la DEA, quienes acusan de tráfico de drogas al llamado Cartel de los Soles. Todo parece indicar que estamos frente a una peligrosa bomba de tiempo.
