La supuesta compra de votos y otros delitos electorales se estarían cometiendo en las comunidades indígenas y otras zonas rurales del país lo que ha disparado las alarmas en torno a las irregularidades electorales que estaría cometiendo el sector oficialista de cara a las presidenciales del 7 de octubre.
Asi lo dió a conocer el Jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática -AD-, Edgar Zambrano, quien solicitó este martes antela ANla investigación de un conjunto de ilícitos electorales registrados en el estado Delta Amacuro.
Asimismo, Zambrano, integrante dela Comisión Permanentede Pueblos Indígenas, envió una comunicación al Consejo Nacional Electoral -CNE- para solicitar que, en concordancia con el artículo 136 dela Constituciónque estipula la colaboración entre poderes, se haga seguimiento a las denuncias sobre supuesta compra de votos, abstención de cero por ciento y la inexistencia de votos nulos que se habrían registro en comunidades indígenas y diversas zonas rurales.
Al referirse al artículo sobre el tema publicado en El Nacional, Zambrano aseguró que “no se puede minimizar el trabajo periodístico colocando en condición de minusvalía a los pobladores de las etnias puesto que no se trata de un trabajo direccionado contra estos venezolanos representantes originarios de cultura, idiosincrasia, que merecen todo nuestro respeto y consideración, el hecho debe dirigirse a entender la denuncia como un acto irregular de ventajismo y abuso de poder con la intención de privilegiar el posicionamiento en el resultado final de un candidato en particular”.
El parlamentario solicitó antela Comisiónde Pueblos Indígenas la designación de una comisión para investigar la denuncia y subsanar estas irregularidades que constituyen delitos penales y electorales.
El diputado adeco recordó que los parlamentarios, por mandato constitucional, tienen la potestad de interactuar como factores de intermediación para resolver, aclarar y difundir los resultados de denuncias o investigaciones que se realicen en el cuerpo. “Igualmente tenemos el mandato dela Contraloría Socialy evaluación de la gestión pública, todos inherentes a la investidura de control político como mecanismo de acción no solamente del parlamentario, sino de todos los ciudadanos en general”, concluyó.
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