Su profundo rechazo por la condena a ocho años de prisión dictada el miércoles contra Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, expresó este jueves la hermana del primero de ellos, Rayrín Baduel.
Afirmó que los jóvenes activistas de Voluntad Popular fueron sentenciados solamente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.
«En este momento todos en la familia estamos consternados por el cinismo y el desparpajo que tuvo esta señora juez, a quien mirándola a los ojos mi hermano Raúl le dijo: nosotros estábamos en una protesta pacífica porque es nuestro derecho humano», manifestó en rueda de prensa.
El fallo en cuestión fue dictado el miércoles en la noche por la juez 2º de Juicio del estado Aragua, Iris Araujo, al encontrar a los jóvenes culpables por el delito de instigación a la desobediencia de las leyes, supuestamente cometido durante una manifestación ocurrida en Maracay el 21 de marzo de 2014. Ordenó la reclusión de ambos en la cárcel de Tocuyito, luego de pasar casi un año en Uribana.
«Yo tengo derecho a protestar, le dijo mi hermano. (…) Usted señora Iris Araujo, que Dios la perdone. Eso que usted esta haciendo hoy con mis hermanos la vida y Dios no lo va a dejar pasar», expresó la familiar.
Los hoy condenados eran estudiantes y activistas de Voluntad Popular en el estado central. Baduel es hijo del ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, recluído en Ramo Verde tras ser condenado, en 2009, a 7 años y 11 meses de prisión por la supuesta apropiación indebida de 30 millones de Bolívares de la cartera militar.
Irán a Unasur
Por su parte Freddy Guevara, el más alto vocero que le queda a Voluntad Popular en libertad, informó que este viernes presentarán el caso de Baduel y Tirado ante la UNASUR, “para desenmascarar a este régimen, porque tanto Alexander como Raúl Emilio deben estar libres, y a ellos les juramos que no pasarán ocho años injustamente presos», expresó.
Guevara afirmó que eventualmente se aplicará justicia a los operadores del sistema judicial que han participado en la persecución penal iniciada no sólo contra los activistas de VP, sino contra cualquier ciudadano en el ejercicio de derechos constitucionales.
“No hablamos de venganza sino de justicia (…) Les decimos a los jueces y fiscales venezolanos que no se encochinen con la dictadura, porque al final cuando caiga este régimen los van a culpar a ustedes ¿acaso creen que los magistrados del TSJ van a asumir la responsabilidad? pues no, ustedes son los que van a pagar las consecuencias», manifestó Guevara.
Van 10
La supuesta campaña para ilegalizar a la tolda política fundada por Leopoldo López, que, aseguran sus dirigentes, sería dirigida desde el gobierno nacional, se ve reflejada objetivamente en el número de sus miembros presos o exiliados bajo amenaza de persecución penal.
Comenzando por su fundador, 7 de ellos estan tras las rejas (4 por participar en protestas pacíficas), mientras que 3 tuvieron que salir del país para no correr con la misma suerte.
«Aparte de nuestros compañeros condenados ayer, tenemos a Angel Contreras, quien fue preso en el allanamiento al campamento del PNUD y hoy se encuentra en el Sebin del Helicoide. Su juicio comenzó pero en la segunda sesión fue destituída la juez, por lo que el caso se encuentra hoy en el limbo», explicó a El Impulso Adriana Pichardo, dirigente nacional de Voluntad Popular y coordinadora del Frente de Víctimas.
Así mismo, «esta el estudiante Rosmit Mantilla, también en el Sebin del Helicoide, a la espera del comienzo de su juicio; Gilberto Sojo, dirigente popular recluído en El Helicoide, cuya audiencia preliminar esta convocada para el 16 de marzo. El caso de Leopoldo y Daniel Ceballos es bien conocido por todos», precisó la activista de VP.
Por otro lado, «perseguidos» y en el exilio permanecen el concejal del municipio Sucre del estado Miranda, Darío Ramírez; el coordinador político nacional, Carlos Vecchio, y el dirigente nacional, general Antonio Rivero. Sobre los tres pesan órdenes de captura que se harían efectivas si ingresan a Venezuela.
Otro tipo de acciones menos extremas enfrentan otras fichas de la tolda opositora: el alcalde de Mario Briceño Iragorri (Maracay), Delson Guárate, es investigado por el Ministerio Público luego de que el gobernador de Aragua, Tarek El Aisami, lo denunciara por “instigar a la violencia, convocar al derrocamiento de un gobierno constitucional, actos de terrorismo y homicidio en grado de frustración”.
Hace pocos días la alcaldesa de Guasdualito en el estado Apure, Lumay Barreto, fue destituída por el Consejo Municipal de esa localidad por ausentarse una semana de su despacho, presuntamente sin permiso.
