El reloj marcaba las 9:53 de la mañana cuando la profusión de gases lacrimógenos por la activación de dos bombas invadió los espacios administrativos del Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL– IPB), específicamente en la Dirección, donde se encontraban autoridades académicas en compañía de trabajadores tratando de retomar la operatividad de la oficina, que fue tomada desde hace dos meses por colectivos estudiantiles. En total fueron tres bombas detonadas, puesto que momentos antes del suceso se había lanzado otro artefacto que no generó mayores consecuencias.
Inmediatamente el pánico se apoderó luego de la agresión. Gente arremolinada salió despavorida hasta el estacionamiento a fin de respirar aire fresco; al mismo tiempo fueron sacados con ayuda de algunos empleados. En el caso del director decano de la institución, profesor Nelson Silva, la licenciada Liuval de Tovar, secretaria académica, dos secretarias y una asistente, resultaron afectados en las vías respiratorias por exposición al humo tóxico.
Asimismo, el licenciado Juan Carlos Carrasco, jefe de personal, tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial cercano, por presentar traumatismos producidos durante una riña con supuestos dirigentes juveniles momentos antes de la activación de las bombas.
De inmediato, los trabajadores comunicaron sobre el suceso a organismos del Estado como Ministerio Público, Fiscalía y Defensoría, cuyos funcionarios respondieron que sólo podrían intervenir cuando se presentara un herido o un hecho ilícito; también pidieron ayuda de la Policía de Lara, pero los efectivos no tienen permiso para operar en la institución a causa de la autonomía universitaria.
Antecedentes del hecho
Es preciso recordar que las oficinas de Dirección y Secretaría General se encuentran cerradas desde el pasado 12 de enero, cuando colectivos estudiantiles tomaron las instalaciones a causa de presuntas persecuciones por parte de las autoridades, irregularidades administrativas y el detrimento de las infraestructura de la academia pedagógica.
Luego de producirse estas acciones, los empleados administrativos, en solidaridad con los trabajadores de ambos departamentos, paralizaron sus labores hasta tanto finalice la toma.
Aunque las clases se mantuvieron activas durante un periodo de dos meses, la crisis institucional hizo mella en los procesos académico – administrativos de la universidad, generando incluso la interrupción de la presentación del cierre del Ejercicio Fiscal 2014, retiro de títulos, certificación de notas, concursos de ascenso de profesores, ingresos y otros trámites de documentación.
Paralización de actividades académicas y administrativas.
Las autoridades bajo la anuencia del rector de la UPEL, Raúl López Sayago, acordaron suspender las actividades académicas hasta tanto se generen las condiciones idóneas para la preservación de la integridad física de la comunidad compuesta por estudiantes, directivos, docentes, empleados administrativos y obreros.
Aunque recién había culminado el semestre iniciado en el 2014, los docentes estaban en el proceso de transcripción de notas y reorganización del nuevo cronograma académico. Luego de los hechos, estos procesos fueron paralizados.
Autoridades ejercerán medidas legales
Visiblemente indispuestos por los gases y padeciendo disfonía, el profesor Nelson Silva y la licenciada Liuval de Tovar comunicaron su versión de los hechos ante los medios de comunicación. En sus primeras impresiones, indicaron que ejercerán medidas penales contra algunos dirigentes estudiantiles – supuestamente identificados- por su presunta participación en el hecho que calificaron como un “intento de homicidio”.
“Tenemos casi dos meses con unas oficinas que estaban tomadas, pero hace dos semanas no había nadie. Por tanto, luego de agotar las vías de diálogo con los dirigentes y considerando la importancia del ingreso a las oficinas, entramos con ayuda del personal de mantenimiento. Luego fuimos asediados por cuatro estudiantes identificados, pero pudimos entrar”, relató el profesor Silva.
“Ya adentro, la profesora Tovar realizó su trabajo de experticia, el cual fue interrumpido por el ingreso de la bomba. Estamos altamente sorprendidos porque estos artefactos solamente los manejan los organismos de seguridad del Estado”, prosiguió.
En tanto, la profesora Tovar calificó como un “acto criminal” los hechos, más aún cuando se encontraba tratando de tomar posesión de sus funciones luego del vencimiento del cargo del secretario anterior.
Indicó, que las autoridades no se pueden hacer responsables de los documentos de los departamentos que presuntamente fueron tomados nuevamente por dirigentes estudiantiles.
