Lilian Camejo, abogada y defensora de los derechos humanos a escala nacional, visitó la redacción de EL IMPULSO, para aclarar que la detención de los cirujanos plásticos José Domingo Dávila y Ana María Rojas, no se llevó a cabo por mala praxis médica sino por una persecución que el gobierno venezolano tiene contra el libre ejercicio de la profesión, tanto de la medicina como de la abogacía.
Los cirujanos fueron detenidos el 12 de febrero tras un allanamiento a su residencia, ordenado por el Tribunal 9º de Control, quedando privados de libertad hasta la audiencia de presentación, en la cual se les imputaron los delitos de agavillamiento e intimidación pública. El 17 de febrero se logró la medida cautelar sustitutiva de libertad con prohibición de salida del país, régimen de presentación y fiadores.
“Aclaramos que estas detenciones las ordenó el Gobierno nacional en virtud de que los médicos habían estado auxiliando a algunas personas, tal y como lo establece el Juramento Hipocrático, el cual establece que tienen la obligación de atender a cualquier ciudadano que llegue al consultorio o clínica y presente alguna lesión o herida en el cuerpo”.
Camejo acotó que durante las protestas de 2014, los médicos atendieron a varios estudiantes que fueron brutalmente heridos por la Guardia Nacional Bolivariana.
Agregó que los consultorios privados de Dávila y Rojas quedan a pocos metros de donde se suscitaron las manifestaciones en la avenida Lara. “En vista de la cercanía, la sociedad civil llevó a varios de los heridos a los consultorios. Por esa atención médica los médicos están siendo perseguidos”.
Actualmente, se desarrolla la investigación.
“La Fiscalía y el Ministerio Público tendrán que probar la imputación realizada. La fiscal tiene hasta seis meses para continuar la investigación y yo como su defensa, solicité diferentes diligencias para desvirtuar esa detención que consideramos arbitraria”.
Camejo explicó que los cirujanos se reincorporan a sus actividades médicas. Tienen varias intervenciones pendientes.
“Ha habido una ola de rumores que hace ver que la detención fue por mala praxis médica y no fue así, se trató de un caso político”.
