Escribo a pocas horas de la detención arbitraria de Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano de Caracas. Este hecho, que ya en sí representa un duro golpe al menguado Estado de Derechos nacional, ha estado acompañado del anuncio de la bancada oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el seno de la Asamblea Nacional, de que se solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges, el diputado y dirigente de Primero Justicia. Recurre nuevamente el gobierno a la tesis de un golpe, una tesis desgastada ya pero que le permite al gobierno tomar acciones de cara a incidir en el clima de opinión pública en Venezuela.
Desde mi perspectiva, con la detención de Ledezma y el allanamiento de la inmunidad de Borges, así como de otras eventuales acciones contra figuras opositoras, tienen por finalidad crear la idea de que ya todo está perdido en Venezuela y de que no hay nada más que hacer. Persigue el gobierno transmitirle la imagen al país mayoritario que le adversa que esa minoría que tiene el poder hace lo que le plazca. No se trata sólo de un ejercicio autoritario del poder, sino de demostrarlo. Todo ello, según creo, persigue la desmoralización de los sectores sociales y políticos que se identifican con el cambio y que apuestan a una ruta electoral para la reconquista de espacios institucionales.
La notable pérdida de respaldo popular que sufre hoy el presidente Nicolás Maduro, y que en su caída arrastra al propio PSUV, coloca a este sector en el poder a debilitar la apuesta democrática. Que quienes adversan al régimen sientan que ya nada se puede hacer y opten por no votar sea por miedo, rabia o desesperanza. De eso se trata la estrategia. De sacar a la alternativa democrática de la ruta electoral y democrática que está planteada para este año 2015.
El PSUV ha entendido que si bien estas elecciones no está en juego la presidencia, pero sí tienen muy claro que el dominio de la Asamblea Nacional representa un espacio significativo de poder institucional. Es desde la Asamblea Nacional donde se designan a otros poderes públicos y un parlamento haciendo su tarea correcta, tiene todos los recursos para fiscalizar al poder ejecutivo. Estas elecciones no son cualquier cosa y eso puede ayudar a explicar cómo se intenta minar la confianza en esa ruta de una salida institucional a la crisis política y económica que nos agobia.
La detención de Ledezma, así como rechazar la existencia de otros tantos presos políticos en Venezuela, debe ser un asunto que reunifique las acciones de protesta y rechazo de la sociedad que apuesta por el cambio. Pero ello debe ir acompañado de estrategias que efectivamente canalicen el rechazo popular y desde mi punto de vista, las próximas elecciones son una vía para ello.
Se trata de pensar que en un año como el actual no hay una estrategia única, desde la acción política opositora. La protesta en la calle, las acciones de incidencia en los sectores populares, la generación de nuevas redes de comunicación, todas son acciones válidas para que la voz de la sociedad descontenta se haga oír. Pero sin duda que una vía que debemos tener en el horizonte cercano son las elecciones parlamentarias. Sería un tremendo error político, con graves consecuencias, como se dice popularmente pisar el peine que pone el gobierno y dar por sentado de que ya nada puede hacerse en Venezuela. Son tiempos difíciles, duros sin duda, pero no es hora de rendirse. Antonio Ledezma sabe bastante de eso.