El líder Leopoldo López cumplirá este miércoles un año tras la rejas, acusado de desatar la violencia en las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos, pese a que un organismo de la ONU ha pedido su liberación.
El 18 de febrero de 2014, seis días después de los primeros tres decesos en los disturbios, López se entregó a la justicia.
«Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo (…) valdrá la pena mi encarcelamiento infame», dijo López en una manifestación en una plaza de Caracas donde miles de seguidores lo recibieron como un líder.
Las manifestaciones prácticamente diarias para reclamar contra la inseguridad personal, la inflación (56,2% en 2013 y 68,5% en 2014) y la escasez mantuvieron en vilo a Venezuela durante cuatro meses.
Pero un año después, las masivas convocatorias de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro han quedado reducidas a casi ninguna protesta de calle, pese a que la situación económica ha empeorado.
Solo en algunos supermercados y farmacias se registran tumultos o protestas, debido a que los venezolanos deben hacer filas de muchas horas para conseguir productos básicos.
Proceso irregular
López dejó de asistir a su juicio que inició en julio cuando el tribunal desestimó la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que el 23 de septiembre pidió al gobierno venezolano su liberación.
A pesar de su ausencia, el juicio ha seguido adelante.
Desde que fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 Km de Caracas, el dirigente del partido Voluntad Popular solamente se ha expresado al público por escrito y su rostro apenas ha sido visto a través de unas pocas fotografías.
El intento de los exmandatarios Andrés Pastrana (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) de visitarlo en la cárcel el 25 de enero fue infructuoso, e incluso el presidente Maduro lo interpretó como un gesto de apoyo a «un grupo de extrema derecha que desconoce al gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento».
Al día siguiente el gobierno colombiano pidió la pronta liberación de López, y en un desliz del lenguaje, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza definió al líder de Voluntad Popular como «preso político», calificación que ha sido reiteradamente negada por el Gobierno.
López podría ser condenado a 10 años de cárcel por delitos de «incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir».
Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez declaró a la AFP que el año de reclusión del político se ha caracterizado por la «sistemática vulneración de los derechos fundamentales», entre ellos la posibilidad de presentar pruebas de su inocencia.
«El juicio no ha sido público. Por lo tanto, es nulo», denunció Gutiérrez, al agregar que se ha impedido el ingreso de periodistas, políticos y, más recientemente, se restringió la entrada a observadores internacionales.
El abogado señaló que ha habido violación de la privacidad de las reuniones con su cliente, revisión de documentos por funcionarios de inteligencia militar y restricciones de visitas a López.
La semana pasada Human Rights Watch denunció como una «grotesta arbitrariedad» que «hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en su celda con el objetivo de intimidarlo y castigarlo. Destrozaron sus pertenencias, lo agredieron y se lo llevaron por la fuerza a una celda de castigo».
Para este miércoles Lilian Tintori, esposa de López, llamó a vestirse de blanco en señal de protesta cívica.
Lobby internacional
Tintori ha viajado en múltiples ocasiones para denunciar la detención de su esposo, que considera arbitraria.
La semana pasada visitó Londres para reunirse con Amnistía Internacional, organización que emitió un comunicado exigiendo su libertad. También fue a Estados Unidos, donde fue recibida primero por el vicepresidente Joe Biden y luego por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
Leopoldo López, economista de 43 años egresado de Harvard, fue alcalde del opositor municipio caraqueño de Chacao durante 8 años hasta 2008, cuando fue inhabilitado administrativamente para ejercer cargos públicos acusado de desvío de recursos.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2011 que esa sanción violaba su derecho a ser elegido y ordenó su supresión, el Tribunal Supremo venezolano consideró «inejecutabe» el fallo. En ese entonces López ya había anunciado su precandidatura presidencial.
El pasado 5 de enero el presidente Maduro sugirió la posibilidad de canjearlo por Óscar López Rivera, nacionalista puertorriqueño preso en Estados Unidos desde 1981, condenado por conspiración y otros crímenes.
