60 personas permanecen detenidas como consecuencia de su participación en manifestaciones ciudadanas, al cumplirse un año del inicio de las protestas que marcaron el 2014.
La cifra forma parte del balance ofrecido este miércoles por representantes del Foro Penal Venezolano, quienes rechazaron el tratamiento político que consideran ha prevalecido en la actuación del sistema judicial.
«Esto difiere de la cifra que da la fiscal general de la República, quien sostiene que son 41 personas», señaló el directivo de la ONG, Alfredo Romero.
Tribunales y jueces dictaron medidas de privación de libertad contra 286 ciudadanos por su supuesta responsabilidad en distintos hechos relacionados con manifestaciones, de los cuales la mayoría han sido liberados y hoy forman parte de los 1.977 sobre los que aún pesan medidas judiciales restrictivas.
Si contamos a todos los que han estado tras las rejas en lapsos de detención circunstancial y por orden judicial, el saldo asciende a 3.517 ciudadanos quienes han probado, en mayor o menor medida «el peso de la ley».
Así mismo, después de depurar las cientos de denuncias, se cometieron 138 casos documentados y verificados de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En contraposición, el Foro Penal contabiliza a 10 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado que actualmente permanecen detenidos por su responsabilidad en actos de violación de derechos humanos, pues la mayoría de las víctimas han quedado impunes.
Presos políticos
De los 286 privados de libertad, en 99 de los casos fue «por motivos de naturaleza eminentemente política», es decir, sin justificación. Contando a todos los procesados que según la ONG califican dentro de este renglón, en total «hoy podemos decir que 2.100 personas han sido criminalizadas».
Condenan figura del patriota cooperante
Dentro de este reporte, los penalistas y defensores de DDHH condenaron la utilización de la figura del «patriota cooperante», introducida en la legislación venezolana con la aprobación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en 2012.
Este artilugio jurídico «ilegal», que permite formular acusaciones con base en declaraciones anónimas, ha permitido a fiscales sustentar muchas de las causas calificadas como políticas.
