La nueva regulación que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas generó el jueves un fuerte rechazo de opositores y organizaciones de derechos humanos.
Una reciente regulación del Ministerio de la Defensa permite el «uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal», como último recurso en el caso de desórdenes callejeros que representen un «riesgo mortal».
La regulación forma parte de una normativa sobre la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público que aprobó el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y que fue publicada en la Gaceta Oficial del pasado 27 de enero.
Delsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la alianza opositora, consideró como «abominable» e inconstitucional la regulación alegando que la Carta Magna prohibe expresamente el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones o reuniones públicas.
En un comunicado instó a los militares a no cumplir la orden de sus superiores sobre el uso de las armas para contener las protestas, y dijo que «quienes cometan delitos amparados por órdenes superiores serán sancionados».
La dirigente anunció que la alianza opositora llevará la denuncia sobre la nueva normativa a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La coalición tiene previsto también introducir el próximo lunes en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de la resolución.
En relación a los cuestionamientos, el ministro Padrino López dijo en su cuenta de Twitter que la fuerza armada «está hecha de venezolanas y venezolanos».
En Caracas y otras ciudades se registraron la primera mitad del año pasado unas violentas protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, 878 lesionadas, y varios centenares de detenidos.
