Uno de los ex dueños del canal de televisión Globovisión, que alega haber sido víctima de una persecución política por parte del gobierno de Venezuela, pidió el martes a una corte federal que permita ventilar en los tribunales estadounidenses su demanda contra Caracas.
El empresario Nelson Mezerhane solicitó a los jueces del tribunal de apelaciones del 11er circuito de Estados Unidos que reviertan la decisión de la magistrada Marcia Cooke, quien consideró que las cortes estadounidenses no tienen jurisdicción para escuchar su caso.
En representación de Mezerhane, el abogado Pedro Martínez Fraga dijo a los jueces Frank Hull, Julie Carnes y John Walker que Venezuela había violado las leyes internacionales que protegen los derechos humanos al expropiar los bienes de su cliente sin ningún tipo de compensación.
«La confiscación de la propiedad es una violación a los derechos humanos» contemplados en leyes internacionales, manifestó Martínez Fraga.
Indicó que los tribunales estadounidenses deberían escuchar el caso porque se trata de una transgresión a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas, de las que Venezuela es parte.
Explicó que Mezerhane estaba pidiendo asilo político en Estados Unidos y debería ser considerado un refugiado y no un ciudadano venezolano al momento de decidir si su caso es o no atendido por la justicia estadounidense.
Los jueces escucharon los alegatos de Martínez y los abogados del gobierno venezolano pero no emitieron ningún fallo. La decisión, que será escrita, podría conocerse en el transcurso de este año.
El abogado de Venezuela Neil Koslowe dijo al tribunal de apelaciones que no se trata de asesinatos ni genocidios y por tanto no puede hablarse de violaciones a los derechos humanos contemplados en leyes internacionales.
En noviembre de 2011 Mezerhane, ex propietario del Banco Federal de Venezuela y Globovisión, demandó en los tribunales federales de Miami a Venezuela y varios organismos del Estado alegando que fue víctima de una persecución del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez por sus posiciones políticas disidentes.
De acuerdo con documentos del expediente judicial, Chávez habría llamado telefónicamente a Mezerhane para persuadirlo de que cediera sus intereses al gobierno «pero esos pedidos pronto se convirtieron en amenazas».
Chávez, según los documentos, amenazó al empresario con que perdería todo si se negaba a retirarse de Globovisión, uno de los canales de televisión que por ese entonces era crítico del gobierno.
Ante la negativa de Mezerhane, el gobierno venezolano confiscó y finalmente cerró el Banco Federal y otros intereses y activos del empresario en más de 32 corporaciones, de acuerdo con los documentos que indican que las expropiaciones fueron equivalentes a más de 1.000 millones de dólares.
La jueza Cooke aceptó en septiembre de 2013 un pedido de desechar el caso pero el empresario apeló la decisión.
