Los espacios del cementerio Bella Vista (calle 42 con Pedro León Torres), donde solían pernoctar las familias indígenas de la etnia Yukpa, procedentes de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, lucen sucios y desolados.
Aunque ya no se aprecian colchones en el suelo, ropa tendida en cuerdas improvisadas, y artesanía dispersa por el lugar, el panorama sigue siendo desalentador para las personas que esperaban después del desalojo, cumplido tras un fuerte enfrentamiento entre los indígenas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a mediados de noviembre, vislumbrar la recuperación absoluta del espacio.
Hay quienes demandan a la municipalidad un entorno colorido, libre de escombros y basura en el que puedan transitar con comodidad. Mientras que el grupo de comerciantes que mantiene acordonada la zona, exige al alcalde Alfredo Ramos, respuestas sobre el proyecto para organizarlos en cubículos.
Un trabajador informal, que mantuvo el anonimato, dijo a EL IMPULSO que el lugar es resguardado, a diario, por efectivos de la PNB, para evitar que regresen los Yukpa.
“Por aquí no hemos visto más a los indígenas, tampoco a los sujetos que dormían en ese terreno. Pero presumimos que los uniformados también están ahí para custodiar algunos materiales de construcción, bloques y cemento, utilizados por la alcaldía para nivelar el piso”, expresó.
Con respecto al tema de la vigilancia en las adyacencias del camposanto, el vocero se sintió sorprendido. Señaló que el operativo debería ser permanente a fin de acabar con los atracos en la zona.
Una de las preocupaciones que adicionalmente planteó el vocero, en representación de los buhoneros situados en las adyacencias del camposanto, es que nadie les garantiza la ocupación del área, por lo cual esperan ansiosos los detalles.
Angustiados por el futuro
Los planes del futuro generan angustia entre los buhoneros de la calle 42, porque hasta la fecha sólo han escuchado rumores sobre una posible reubicación.
Una persona consultada, dijo que los trabajadores no quieren sentirse culpables por el retiro de los aborígenes, pero consideran que la medida era necesaria, pues el mal olor y la insalubridad se habían apoderado del lugar.
Una vez efectuado el desalojo, solicitan a la Dirección de Mercados y Abastecimiento, que mejore sus condiciones laborales. Dicha propuesta, la ven lejana, pese a que también han escuchado sobre otro proyecto. Se trata de la construcción de la medicatura forense del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Cambios a la brevedad
Los transeúntes entrevistados notan un ligero cambio. Están de acuerdo con lo que hizo la municipalidad, porque al parecer era imposible movilizarse por el terreno sin autorización. La señora Ana Luisa Medina cree que la extensión debe estar al servicio de la ciudadanía, sin embargo, alega que hacen falta muchos trabajos para que así sea.
