Entre 13 y 19 reclusos muertos y un centenar y medio de intoxicados se registraron en Uribana, tragedia que las autoridades atribuyeron a un intento masivo de los presos de autointoxicarse con medicamentos.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios, informó la noche del miércoles que presos que realizaban una huelga de hambre en la cárcel de Uribana «ingresaron violentamente al área de enfermería; asaltaron la farmacia y los talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos», como antibióticos, antiepilépticos y antihipertensivos.

La insólita acción denunciada por el gobierno dejó, según el balance oficial, 13 reclusos muertos y 145 intoxicados en el penal que alberga actualmente 3.700 internos, cuatro veces más que su capacidad original.

«Los presos no son tan estúpidos para tomarse un medicamento sin leer», dijo a la AFP Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Prado también puso en duda el balance de víctimas, ya que –dijo– su organización contabiliza 19 cuerpos recibidos en la morgue.

Un familiar de un recluso de Uribana relató a la AFP que los presos son regularmente golpeados durante las requisas, la familia es maltratada, las visitas son limitadas a una por mes, se suministran alimentos descompuestos, el agua potable es racionada a pocos días por semana y que la concentración en pequeños pabellones facilita la propagación de enfermedades como la sarna.

También dijo que este jueves el resto de los reclusos eran mantenidos formados y desnudos en los patios del presidio. Esta información fue imposible de confirmar por alguna fuente independiente.

La Fiscalía venezolana designó un equipo de fiscales y expertos en criminalística para investigar los hecho. Los reclusos llevaban a cabo la protesta desde el lunes para denunciar lo que califican como tratos inhumanos y violaciones a sus derechos humanos ordenadas por el director del penal.

Además de la intoxicación en Uribana, este miércoles la Fiscalía informó de la fuga de 41 detenidos que abrieron «un boquete en las paredes de los calabozos» de un centro de detención provisional en las afueras de Caracas.

Ambos hechos engrosan la lista de incidentes en el sistema penitenciario venezolano, caracterizado por el hacinamiento, las denuncias de atropellos a los derechos humanos, corrupción y violencia, tráfico de armas y drogas por parte de mafias y bandas al interior de las cárceles, al tiempo que el gobierno asegura aplicar un régimen de humanización y disciplina.

150 muertos en seis meses

En la primera mitad de 2014 en Venezuela murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según el último informe semestral del OVP.

En 2013, el número de muertes violentas en las cárceles fue de 506. A pesar de la reducción de 14% entre ambos años, el Observatorio asegura que los principales problemas en las cárceles venezolanas siguen siendo el hacinamiento, que alcanza 190%, y las condiciones insalubres y de desnutrición que afectan a los presos.

Así, por ejemplo, Uribana, que fue construida para albergar a 850 personas, tiene una población de 3.700 reclusos.

Paralelamente, en la mayoría de las prisiones el control lo tienen los «pranes» (líderes dentro de las cárceles) y sus bandas fuertemente armadas que constantemente generan enfrentamientos internos, entre otras razones por el control de los negocios de la droga y la conquista de espacios de acción dentro de las cárceles.

El traslado de reclusos ha provocado motines que han devenido en el cierre de al menos tres cárceles, de donde han requisado verdaderos arsenales con armas de guerra y drogas en poder de los reos.

Desde 2011, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, implementó un plan de humanización penitenciaria para mejorar las condiciones de vida en las prisiones, lograr el desarme de los reos y agilizar los procesos judiciales, todas políticas continuadas por su sucesor Nicolás Maduro.

El gobierno asegura que este régimen desplegado por la ministra del área, Iris Varela, está «superando el viejo modelo» carcelario previo al chavismo, caracterizado «por las deplorables condiciones de irrespeto, descontrol, anarquía y vulneración de los derechos humanos».

En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas –contra una capacidad instalada de 19.000–, de la cual el 64,56% aún se encontraba en proceso, 31,58% ya había sido sentenciada y el resto se encontraba bajo otros regímenes.

«Es un régimen demasiado disciplinario. Lamentablemente se ha manejado las cárceles con una política de control más que de atención y reinserción», concluyó Prado.