La organización no gubernamental Transparencia Venezuela alertó que la reforma a la Ley Contra la Corrupción que formuló el Presidente de la República mediante un decreto-Ley es «arbitraria y limitará aún más la transparencia» administrativa.
Mediante un comunicado publicado este viernes, la ong advirtió que, además de ser inconsulto, el instrumento concentra funciones del Poder Judicial, fortalece la discrecionalidad y es costoso para el Estado.
«Desde Transparencia Venezuela manifestamos nuestra complacencia porque el Ejecutivo Nacional le otorgue importancia al grave problema de la corrupción en el país, pero expresamos nuestras dudas por algunos contenidos expresados por el Presidente y escepticismo dado el diseño que, parece, tendrá el Cuerpo Nacional Anticorrupción, ambos contrarios a los criterios legales y buenas prácticas internacionales de implementación», expresó la organización.
Vale destacar, pese a su promulgación en la Gaceta Oficial Nro. 40.544 con fecha de este miércoles, el contenido del instrumento es desconocido para la población, pues no ha sido publicado. Sólo se conoce lo que expresó Maduro el 19 de noviembre, cuando anunció el decreto-Ley, la creación del Cuerpo Nacional Anticorrupción y algunos aspectos del mismo.
En este sentido, la reforma consagraría el “carácter secreto, reservado o de divulgación limitada de información hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones se tenga conocimiento por parte de dicho cuerpo”.
Sin embargo, «no se conocen los criterios para determinar qué información será secreta o no, lo cual puede atentar contra el derecho humano de acceso a la información pública», advirtió TI.
Por otro lado, la organización no gubernamental cuestionó que la nueva instancia dependerá directamente de la presidencia de la República, lo que contrasta notablemente con las buenas prácticas de los gobiernos.
Los parámetros internacionales sostienen que «un órgano de persecución contra la corrupción debe ser independiente del Poder Ejecutivo ya que éste concentra la mayor cantidad de recursos, de funcionarios, de organismos, de funciones y de responsabilidades en el Estado venezolano», alegó la ong.
Órgano de persecución política
Así mismo, dado el carácter investigativo y sancionatorio que le dio el presidente al nuevo organismo oficial, surgen dudas en cuanto a conflictos de competencias o superposición de funciones con relación a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público a través de sus distintas Fiscalías en materia anticorrupción.
«Es un órgano que va a concentrar mucho poder, que con opacidad podría decidir, qué, cómo, a quién y por qué investiga y persigue. La mención a la investigación y sanción en un Cuerpo Nacional que pertenece al Ejecutivo, genera aún más discrecionalidad y posibilidades de control político contra sectores y personas no afines al grupo en el poder», alertó Transparencia Internacional.
