El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, consideró que el Ejecutivo nacional desde ya prevé una condena del Comité contra la Tortura de la ONU al amenazar con desconocer a este organismo cuando aún no se ha pronunciado sobre la evaluación rendida por el Estado el pasado 7 de noviembre.
«Yo no sé qué sabe Rangel que nosotros no, pero todavía el Comité Contra la Tortura no ha emitido ninguna conclusión», dijo el abogado este lunes.
La expresión responde a las declaraciones emitidas el domingo por el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Avalos, quien atacó al Comité por supuestamente haber adoptado una posición «enemiga del Gobierno» durante la interpelación en la cual él fue el vocero principal.
“No es posible que vayamos con la mejor fe a rendir un informe de los progresos de Venezuela y ellos, en lugar de aceptar decentemente (el balance gubernamental) vengan con una posición totalmente sesgada y tan grosera que cuando uno responde sus preguntas vienen y hacen las mismas preguntas”, expresó al ser entrevistado por su padre, el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel.
El viceministro manifestó que frente al tratamiento recibido en Ginebra, Venezuela “tiene que examinar la posición” que adoptará “ante esos comités” en el futuro.
Que renuncie de una vez
El Foro Penal Venezolano fue una de las principales ong´s venezolanas responsable de llevar a Ginebra (sede del Concejo de Derechos Humanos de la ONU) un balance con 138 casos de torturas y más de 3.000 detenciones ocurridas entre febrero y octubre de este año.
En opinión de su director, la actitud de los representantes del gobierno frente a los órganos internacionales de derechos humanos es incoherente e inconsecuente. «Yo lo vi (a Rangel) con mis propios ojos aplaudiendo el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora ingresar a ese órgano es algo maravilloso, pero cuando el Comité contra la Tortura lo cuestiona es una ofensa», expresó.
Romero instó al Gobierno no nacional a sincerarse y deslindarse formalmente de la jurisdicción internacional, si no desea ser cuestionado. Pero afirmó que si mañana el órgano de la ONU se pronuncia contra Venezuela y le obliga a investigar y castigar a los torturadores, deberá cumplir.
Lesa humanidad
El director del Foro Penal no cree que por ahora se pueda procesar penalmente al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, pues esto requeriría demostrar que ha habido sistematicidad, es decir, «una política de Estado» en materia de torturas. Hasta el momento las ong se han ocupado de individualizar a las víctimas bajo el mecanismo de las quejas individuales que establece la Convención.
Sin embargo, el abogado y también miembro de la ong, Alonso Medina Roa, consideró que la tortura sí ha permeado en la institucionalidad del poder público.
«En los últimos años ha habido un incremento sustancial de la tortura, se ha institucionalizado, y no ha habido un pronunciamiento, o ha sido muy tímido, por parte de las autoridades judiciales».