Luego de doce años sin comparecer, Venezuela finalmente acudió ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para ser evaluado de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Convención.
La delegación del Estado, encabezada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, no respondió con precisión las preguntas hechas por los relatores y expertos del Comité. Por el contrario, el discurso se basó en argumentos generales y políticos, haciendo mención a casos ocurridos en el siglo pasado, aunque la sesión fue para evaluar los informes correspondientes al periodo 2002 – 2014.
“Me parece que las respuestas no se adaptan a lo que eran las preguntas. Hemos preguntado sobre cuándo se permitirá que el relator especial pueda visitar Venezuela. ¿Cuándo estos mecanismos independientes podrán visitar el país? Están todos esperando autorización para visitar el país”, cuestionó la experta, Felice Gaer.
Desde Ginebra, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ligia Bolívar, consideró que el balance es “positivo, en cuanto a que las informaciones que aportamos las ONG fueron tomadas en cuenta, en cuanto a que el Comité no aceptó respuestas generales y sigue exigiendo precisión por parte del Estado”.
La investigadora también se mostró preocupada porque el Estado venezolano no reconoce que existe un problema, y así “difícilmente va a aportar soluciones”.
Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien también participó en la sesión, aseguró que “desafortunadamente la delegación no respondió de forma adecuada las preguntas que le hizo el Comité y los distintos expertos”. Sin embargo, según su criterio esta fue una sesión importante que deja “un inventario sustantivo de los elementos a resolver para que efectivamente en Venezuela haya una política que prevenga y castigue la tortura”.
Terremoto por caso Afiuni
Durante la presentación de los voceros del Estado, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, puso en duda la veracidad del testimonio de la jueza María Lourdes Afiuni sobre la violación sexual sufrida durante su encarcelamiento. Berthé pidió “despreocuparse sobre ese particular”.
Al respecto, reaccionó la integrante del Comité, Essadia Belmir, quien presidió la sesión. Manifestó que “si hay algún expediente que hay que tratar, es precisamente éste. Es algo muy importante y muy grave, porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema judicial y al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos”, aseveró.
Luis Damiani, representante del Estado, admitió que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no son titulares de sus cargos. “Es verdad. Esta comisión nombró jueces provisorios (…) Para el 2013 tenemos alrededor de 1.700 jueces, de los cuales 1.095 son provisorios, y 665 titulares. Es decir, solamente el 38%”, reveló. Esta situación, a juicio de los miembros del Comité, afectaría la independencia judicial.
Violencia carcelaria
El experto Alessio Bruni cuestionó las divergencias entre la información proporcionada por el Estado y la de organizaciones no gubernamentales, respecto a la situación carcelaria.
De acuerdo a lo señalado por la directora general de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Carmen Morales, “no existe violencia” en 87% de los establecimientos carcelarios del país.
“La delegación dice que no hay violencia en un 87% de las cárceles; estas son las cifras del Gobierno, que admite que hubo 402 muertes en 2013. Lo que es chocante es que estas muertes sólo se hayan producido en el 13% de las cárceles existentes”, aseguró Bruni, quien agregó que “incluso si nos atenemos a estas cifras, tantos muertos en las cárceles no es normal. Para que haya tantos muertos, tiene que haber armas.Entonces, ¿qué medios utilizan las autoridades para impedir la introducción de armas en el sistema penitenciario? ¡Porque matan a cientos y cientos de personas al año!”, expresó.
Represión contra manifestantes
“¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”, respondió Rangel Ávalos ante el cuestionamiento del Comité Contra la Tortura sobre la represión contra las protestas ocurridas en el primer semestre de 2014.
El representante gubernamental aseguró que no existen fotografías de funcionarios disparando con armas de fuego contra manifestantes, a pesar de los registros audiovisuales que muestran a efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) utilizando su armamento el 12 de febrero de 2014.
Rangel Ávalos también se refirió a la actuación de grupos paramilitares, asegurando que “a los colectivos los han tratado de satanizar”. Además, justificó que “sí, puede haber individuos dentro de esos colectivos que estén armados, como hay personas de la oposición que están armadas”.
Al finalizar la sesión, el vocero oficial se comprometió en nombre del Estado venezolano a no perseguir a los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que acudieron a la audiencia, esto ante la preocupación manifestada por los integrantes del Comité.
Tras la evaluación, los relatores del Comité Contra la Tortura redactarán un informe con recomendaciones a las que el país debe dar cumplimiento, de conformidad con las convenciones internacionales.
Esperan audiencia preliminar por caso 12-S
Manuel Virgüez, abogado de Funpaz, informó que esta semana se cumplieron los 45 días desde que el Ministerio Público presentó la acusación por los disturbios en la avenida Lara con Argimiro Bracamonte el pasado 12 de septiembre y actualmente se espera sea fijada la audiencia preliminar.
Recordó que del primer expediente del caso están los nueve privados de libertad, entre ellos una mujer, encerrados en la Comandancia de Polilara y la comisaría Los Cerrajones.
Un segundo expediente en el que figuran 15 personas con medidas cautelares y un tercero que tiene que ver con el caso de Maribel Uzcátegui por el que otras trece personas irían a audiencia.
