Los llamados colectivos chavistas rechazaron este miércoles ser incluidos en el plan de desarme promovido por el Gobierno venezolano, al considerar que debería apuntar exclusivamente a los grupos criminales, y aseguraron que debe revisarse el sistema judicial venezolano.
«Nos parece totalmente absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. ¡NO! No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias», dice el comunicado que leyeron en rueda de prensa y en representación de 260 colectivos de todo el país.
«Nuestra revolución es pacífica, mas no desarmada», precisa el comunicado. «Tenemos que desarmar a los delincuentes», replicó a la AFP Jhonny Subera, miembro del colectivo fuerza comunal 4F.
Aunque se ha dicho que muchos de estos grupos están armados, otros, como los presentes en la rueda de prensa de este miércoles, se definen como «trabajadores y luchadores sociales» y cuentan entre sus actividades la organización de eventos deportivos y culturales, así como la promoción de programas educativos y de salud.
Sin embargo, unos y otros coinciden en que su papel fundamental es defender la revolución, garantizar la seguridad en las calles y mantener «el legado» del fallecido Hugo Chávez.
Este miércoles, nuevamente exigieron «¡justicia por los caídos!» y solicitaron el inicio de una mesa de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, tras las fuertes críticas que han hecho al sistema judicial venezolano y al funcionamiento de la policía.
Tras el incidente en que murieron cinco miembros de los colectivos fue destituido el ministro de Justicia, Miguel Rodríguez, autor del plan de seguridad ciudadana «Patria Segura», una de las banderas del gobierno de Maduro para luchar contra la criminalidad en Venezuela.
«Si funciona el Plan Patria Segura, entonces ¿por qué hay tantas muertes en el país?», se pregunta Subera.
