Mantener paz y seguridad; fomentar relaciones de amistad; cooperar en solución de problemas y en desarrollo del respeto a derechos humanos; servir de centro que armonice esfuerzos de naciones, funciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS-ONU), cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento por Estados Miembros.
Valores renegados en la Venezuela que se le dio entrada en ese órgano, tal lo ha comprobado la institución.
Consecuente el rechazo al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En 2013 reiteró exigencia de libertad inmediata a la jueza María Lourdes Afiuni, a quien el hoy difunto Presidente ordenó sentenciar a pena máxima por dar libertad condicional al exbanquero Eligio Cedeño, aacando resolución de la ONU. En la cárcel de Los Teques fue víctima de abusos sexuales.
En vísperas de aceptación en CS de ONU la Fiscal General, en violación de Carta Magna, se pronunció sobre exigencia de libertad del dirigente opositor Leopoldo López y Daniel Ceballos, preso recién electo alcalde de San Cristóbal, al igual que los detenidos por ejercer derecho a expresarse y protestar.
“Ningún organismo internacional puede darle órdenes a Venezuela”, replicó.
Caso omiso tuvo la insistencia del máximo funcionario de DDHH de ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein. Conoció prisión de más de 3.300 personas, entre ellas menores, con reporte de 150 torturas entre febrero y junio. Expresó preocupación porque el menos 69 continúen detenidas.
Estudio global sobre homicidios de 2013 publicado por la misma ONU, ubica a Venezuela en la tasa promedio de 53.7 por cada 100 mil habitantes, tercera más alta a nivel mundial (Provea y organismos oficiales la fijan en 6,2). Informe de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia indica que dicha tasa se eleva 79 por cada 100 mil habitantes.
La ola de protestas pacificas que en el primer semestre de 2014 registró un promedio de 35 diarias. Comenzó con la exigencia del derecho a la seguridad ciudadana y rechazo a los altos índices de criminalidad y violencia en las universidades.
El régimen respondió con uso desproporcionado y excesivo de la fuerza militar, policial y paramilitares; discurso de descalificación, prácticas sistemáticas de represión, militarización de ciudades y criminalización de la protesta. Lamentables los resultados. Según el Ministerio Público hubo 3.306 detenidos, 973 heridos y 42 fallecidos.
Deplorable credencial en materia de paz y seguridad avalada por el Tribunal de Justicia (TSJ) que de Supremo pasó a subalterno. Emitió sentencia en la que se obliga a cuerpos de seguridad a dispersar manifestaciones no autorizadas.
Reto es cambiar estructura del CS en el cual “tiene el poder de todas las grandes potencias”, tal planteó el aliado presidente de Ecuador.
«A nosotros no nos da órdenes, ni Naciones Unidas ni nadie” enfatiza Maduro.
Regresará el país el 1ro de enero al órgano en el que ya estuvo en la llamada IV República: 1962, 1963, 1992,1993, que para vergüenza en la V internacionaliza la inseguridad.
Al margen: SIP calienta motores con debates sobre medios y audiencias locales. Interesante participación.
