De las tres mil detenciones practicadas en Venezuela durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de Febrero, alrededor de cien estudiantes siguen privados de libertad a nivel nacional.
Están en prisión, con procesos judiciales que estarían plagados de violación de derechos humanos y manchados con un sello que ha puesto la justicia venezolana.
El grueso de los jóvenes fue imputado por presunta instigación pública, desobediencia y promoción del odio. Una variable común que denotaría persecución política, afirma la defensa.
Ha sido un calvario que a sus 86 años, Iraida De Nieto está enfrentando en la soledad de su hogar, quien cuenta que el delito que está pagando su hijo, Miguel Angel Nieto, es el de vivir en una zona que por varias semanas estuvo marcada por batallas campales.
Expertos en Derechos Humanos advierten que el Estado venezolano también está en deuda con todos estos ciudadanos. Afirman que al igual que las caras visibles de la oposición que están pagando presidio, éstas igualmente son detenciones arbitrarias condenadas abiertamente por las Naciones Unidas que sólo deben tener como destino la libertad.
