Un tribunal arbitral ordenó el jueves a Venezuela compensar con 1.600 millones de dólares a la empresa Exxon Mobil por la expropiación de sus instalaciones en el 2007.
El portavoz de Exxon David Eglinton dijo en un comunicado que la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente adscrito al Banco Mundial, confirma que «el gobierno venezolano no brindó una compensación justa por los bienes expropiados».
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana en Washington y a la petrolera estatal PDVSA en Caracas sin obtenerlos de inmediato.
El CIADI ordenó a Caracas pagar 1.400 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en el proyecto Cerro Negro.
Además estableció una compensación de 9 millones de dólares por las restricciones a la producción y exportación impuestas en ese proyecto en 2006 y 2007 y 179 millones de dólares adicionales por la expropiación de sus inversiones en el proyecto La Ceiba.
Exxon Mobil emprendió a finales de 2007 acciones legales contra la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) luego que el gobierno venezolano nacionalizó ese año unos activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco.
La gigante estadounidense, con sede en Irving, Texas, acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos para tratar de lograr una indemnización por sus activos. Las medidas de Exxon Mobil fueron consideradas en ese momento por el gobierno venezolano como «terrorismo judicial».
Exxon Mobil acudió a instancias internacionales buscando la compensación por sus activos en la faja oriental del Orinoco, que fueron nacionalizados en 2007, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías —impuesto de extracción— y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.
En 2008, Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por 12.000 millones de dólares de PDVSA.
La Cámara de Comercio Internacional acordó en diciembre del 2011 que la petrolera estatal venezolana debía compensar a Exxon Mobil con 907,58 millones de dólares por los activos que le fueron nacionalizados en el 2007.
Los venezolanos informaron en esa oportunidad que de la suma descontaría 652 millones de dólares por obligaciones pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.
Tras el fallo de la Cámara, el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, descartó que Venezuela pudiese reconocer alguna compensación económica para la firma estadounidense que pudiese acordar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Venezuela denunció el tratado del CIADI el 26 de enero de 2012 y se desvinculó definitivamente del convenio seis meses después.
Según el Centro, Venezuela actualmente enfrenta más de 20 procesos y demandas de arbitraje.
