Este 2014 pasará a la historia como uno de los años más cruentos de Venezuela, expuso el abogado Fermín Mármol García, al ser consultado sobre el asesinato del diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, Robert Serra.
El experto en criminalística enfatizó que el Gobierno no puede apresurarse y decir que se trataría de una muerte por encargo, hasta tanto no se realicen todas las investigaciones en torno al caso.
Indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) debería tener muy claro el móvil del delito por varias razones: se trata de un suceso en un sitio cerrado en el que fácilmente se determinará si hubo puertas o ventadas forzadas, por otra parte, el empleo de armas blancas orientará qué tipo de personas participaron en el crimen, igualmente, el médico forense determinará el número de incisiones punzo penetrantes en los cuerpos de los fallecidos para conocer el grado de relación entre la víctima y el victimario. Todo esto conllevará a una hipótesis apriorística de lo acontecido.
El ministro, prosiguió, expresó que pudiera ser una muerte por encargo, planificada. Hay que tener cuidado porque este año se han cometido varios errores de apreciaciones por opiniones de personas del Gobierno, antes que culmine la investigación.
“En el caso de Mónica Spear se habló de que era una muerte por encargo y terminó siendo hampa común, en el caso de Eliécer Otaiza, también se habló de un asesinato a sueldo y resultó ser hampa común, con el caso del empresario alemán sucedió igual. Hay que tener mucho cuidado y no convertir esas primeras hipótesis en conclusiones apresuradas, hay que dejar que la investigación siga su curso”.
Presuntamente, al parlamentario lo apuñalaron en reiteradas ocasiones. Al respecto, Mármol García destacó que no es común el uso de armas blancas ya que en menos del 5% de los homicidios suscitados en Venezuela se usan armas blancas. “Es un crimen atípico. En este país el 92% de los crímenes se producen por armas de fuego”.
El abogado recordó que transitamos el vigésimo primer plan de seguridad sin resultados exitosos.
“Las políticas públicas no han sido buenas. Los resultados son palpables. Sobre todo los que recoge la OEA, la ONU y las diversas ONGs, tanto venezolanas como internacionales. Además del sentir de la población venezolana, la cual se expresó en la encuesta de victimización hecha en 2009”.
La seguridad no es prioridad
A juicio del especialista, la seguridad ciudadana jamás ha sido la prioridad de la revolución bolivariana, ni en el discurso, la acción o el presupuesto.
“La prioridad ha sido perpetuarse en el poder y actualmente el tema económico”.
Añadió que si el panorama en materia de seguridad no cambia, no vamos a avanzar en el camino correcto. “Para que haya paz en el país, tiene que haber justicia. Esto significa el fortalecimiento de las instituciones y el cumplimiento absoluto de las leyes. No tenemos paz porque sencillamente no hay justicia y no hay justicia porque no hay instituciones que cumplan su papel”.
Acotó que aunque se encuentren activados el Plan Patrullaje Inteligente por Cuadrante, el Plan Desarme y el de Pacificación, estos no son exitosos porque no hay recursos suficientes.
“Se estima que el déficit de policías ronda el 70%, también hay déficit en materia tecnológica, no contamos con los recursos necesarios, además se entromete la política partidista”.
Sobre el plan desarme mencionó que este tiene dos columnas principales: la entrega voluntaria de armas y el desarme forzoso. Ambas estrategias pueden ir de la mano y al unísono. “El desarme voluntario implica una política de radio y televisión bastante fuerte, anteponiendo las buenas costumbres, para por lo menos recoger el 5% de las armas ilegales que hay en el país”.
-¿Sólo el 5%?
-Un arma menos, un homicidio menos. Si se hace bien, podemos recoger en unos 10 años, el 5% de las armas ilegales. Con las bandas criminales se hace el desarme forzoso, eso implica desmontar y desarmar a los intocables: los colectivos armados y violentos, el Frente Bolivariano de Liberación y sus facciones en Barinas, Apure y Táchira, los pseudosindicatos de la construcción que extorsionan a los constructores del país y las mega bandas criminales que se han formado en los últimas cinco años.
-¿Por qué tiene que producirse el homicidio de determinada personalidad para que las investigaciones tengan mayor celeridad, qué pasa con el ciudadano común?
-Eso es un hecho que se produce en todo el planeta. Hay casos en los que la opinión pública presiona a las instituciones y estas tienen que redoblar esfuerzos. Eso es inevitable, es parte de lo que es la humanidad, no la objetamos porque es una realidad. Ciertamente, el gran problema que tiene Venezuela es la impunidad, la cual es del 92%, de cada 100 casos, reciben castigo 8. La inseguridad se ha convertido en un problema de salud pública.
-¿La impunidad es el detonante de este espiral de violencia?
-Venezuela tiene dos tumores sociales: crimen y violencia, que no son lo mismo, no todos los crímenes son violentos y no todas las conductas violentas son crímenes. Estos dos tumores ya hicieron metástasis. Hemos perdido calidad de vida, perdimos oportunidades de inversión económica, nacional y extranjera, no somos un país turísticamente atractivo y el venezolano no se puede movilizar tranquilamente, vive preocupado, amargado y paranoico.
