El Gobierno venezolano se empeña en ocultar información sobre la situación sanitaria en el país, promoviendo la opacidad y desinformación de la población, señaló la organización no gubernamental (ONG) Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Un informe elaborado por la ONG afirmó que el Ejecutivo nacional recurre a la represión y amenazas de persecución judicial, como instrumento para inhibir el surgimiento de voces que alertan sobre la incidencia de dengue y chikunguña en el país. «En Venezuela ha prevalecido la opacidad en la información pública sobre los casos febriles que se han presentado, desde el 6 de junio de 2014, cuando autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud advirtieron sobre el primer caso de esta enfermedad. En esta coyuntura, también, han sido recurrentes acusaciones contra medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, por la cobertura que han realizado ante esta crisis de salud», expresó el documento.
De acuerdo con la observación, tal es la actitud que ha prevalecido en voceros oficiales en cuanto al manejo dado por la prensa especialmente a las muertes registradas en el Hospital Central de Maracay y los indicios sobre una presunta «mutación» del Chikunguña o complicaciones con consecuencias mortales en algunos pacientes.
En este sentido, «Nicolás Maduro amenazó con ejercer acciones legales contra 11 medios nacionales e internacionales que presuntamente promovieron una guerra psicológica contra el sistema de salud venezolano», recordó el IPYS.
Por otro lado, está la omisión de información oficial. «Aunque el despacho de Salud sí ha hecho declaraciones públicas en las que se informa el total de personas con el virus que se transmite a través del zancudo Aedes Aegipty, los boletines epidemiológicos, que son los órganos de divulgación oficiales de esta materia, no dan cuenta de los casos sospechosos y confirmados de las personas que han sido afectadas por el Chikunguña», señaló la organización.
Esta situación contrasta notablemente con los estándares internacionales de salud, «que consideran prioritaria la garantía del derecho de los ciudadanos a saber», resaltó IPYS. «La Organización de Naciones Unidas a través del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableció mediante la Observación General N° 14 del año 2000, que el derecho a la salud no sólo abarca la atención médica oportuna, sino también las condiciones básicas para garantizarla. Entre esas condiciones se encuentran: la no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y el acceso a la información», destacó la organización de derechos humanos.
