Mientras unos países celebran la promulgación de alguna ley o inauguración de oficinas encargadas de coordinar políticas que rijan el acceso a la información, como Paraguay recientemente, otros regulan y limitan la senda de la información.
Lo que para muchos marcaría un hito en el movimiento mundial en favor de la transparencia, también deja huella en países como Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, que no cuentan con documentos legales similares que aboguen por dicha libertad.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en sus artículos 57 y 58 el deber de los funcionarios públicos de brindar la información de toda acción bajo su responsabilidad y el derecho de los ciudadanos de recibir la información de manera oportuna y veraz, se ha vuelto cada vez más complejo obtener datos, cifras o declaraciones oficiales.
“No estamos autorizados para hablar del tema”, “no contamos con un vocero oficial” o “debemos esperar directrices desde Caracas”, son tres de las tantas excusas que deben enfrentar los periodistas en su oficio, labor que se ve perjudicada por dicha limitante, ya que pareciera imposible contar con las famosas “dos versiones del hecho”.
Cabe la pregunta: ¿Si esto le ocurre a los representantes de medios de comunicación, cuál será el destino de los ciudadanos que requieren de una u otra respuesta para cumplir con aspectos de un proceso judicial?, por dar un ejemplo.
Los temas salud, inseguridad y crisis económica, han sido históricamente los más restringidos. Pero recientemente se han sumado ramas como ambiente y turismo. ¿Sabe usted a qué acuerdo llegó el gobierno venezolano con las aerolíneas?.
Este tipo de situaciones no sólo afectan al profesional o al medio que este representa, sino la convivencia social. Se ha generado una especie de temor ante temas como la escasez de repuestos o crisis de salud, debido al nivel de incertidumbre que afecta a los ciudadanos por igual.
El pasado 28 de septiembre se celebró el Día del Acceso a la Información, fecha en la cual representantes de fundaciones y organizaciones relacionadas con el tema, invitan a promover y trabajar por la transparencia la información pública.
Venezuela lamenta su realidad
Que Venezuela no cuente con un documento que regule el acceso a la información es parte del retroceso que vive el país. Así lo explica Andrés Cañizales, periodista e investigador, quien señaló que hace más de una década diversos sectores de la nación trabajaron en conjunto por una Relatoría por la libertad de expresión, iniciativa promovida en los países de América Latina para el resguardo de los derechos ciudadanos.
A juicio del especialista, ni ciudadanos ni funcionarios públicos han comprendido la importancia del acceso a la información. “Que Venezuela espere la ley es síntoma o señal del mal momento que vive el país, periodo en el cual el tema no es prioritario para el seno del poder”.
Señala que para que este derecho deje de ser visto como un beneficio abstracto, las instituciones involucradas en el tema deben hacer comprender a la sociedad el valor de lo que se pierde, si no se cuenta con información veraz y oportuna. Se debe acercar la realidad al venezolano, comprender las limitantes y el riesgo que corre el país al no conocer sus realidades.
No existe cultura de solicitud
Cañizales explica que el acceso a la información es un derecho que no sólo debe reservarse para el ejercicio periodístico, sino que compete a todos los venezolanos por igual, quienes para la fecha no conocen con exactitud el monto invertido por el Gobierno nacional para la importación de fármacos, por ejemplo.
En opinión del especialista el acceso a la información debería ser para todos por igual. Sin embargo, en Venezuela no suele ocurrir que los ciudadanos acudan a oficinas públicas para solicitar una información y la petición sea respondida.
“Lo más justo sería que cualquier persona solicite el presupuesto o monto de inversión de una construcción y se le dé la información, porque se trata de dinero público, pero no es así. En las oficinas públicas existen barreras y la actitud de los funcionarios no facilita el proceso”.
Agrega que esto no sólo ocurre por la negativa de los empleados públicos, sino también por la falta de cultura para la solicitud de información. Coloca como ejemplos campañas realizadas en países como México y Perú, donde el Estado orientó a la ciudadanía respecto a cómo solicitar información a sus oficinas.
Con base en la actual situación política y social del país, sumado a la conformación e intereses de la Asamblea Nacional, Cañizales considera poco probable que se impulse algún reglamento o ley de acceso a la información. Teme que de ser presentado el instrumento sea utilizado como una “cortina de humo”.
“Legalmente existe una situación que no facilita el acceso a la información, acompañada de ejes políticos y sociales. En Venezuela prevalece lo partidista y los pensamientos políticos, que impiden se establezcan normas o prácticas que faciliten procesos como la solicitud de información”, indicó.
Cañizales considera necesaria la aprobación de una ley que apunte a la transparencia de la información.
Adviritió que el bloqueo o negativa a la información también afecta a asociaciones civiles y fundaciones que no tienen acceso a cifras, tendencias y estadísticas, entre otros documentos, necesarios para un trabajo acorde a las realidades del país.
Casos registrados por IPYS
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) realiza seguimiento a casos en los cuales se violenten los derechos a la libertad de expresión e información.
Su directora Marianela Balbi, señaló que desde el 1° de enero hasta el pasado 21 de septiembre, la institución registró 69 casos en los cuales se impidió, de diversas maneras, el acceso a la información de interés público a periodistas. Al comparar la limitante en años anteriores explica que antiguamente sólo se limitaba a los comunicadores sociales el acceso a lugares e información pública. Sin embargo, en 2014 la tendencia a limitar la labor periodística se ha caracterizado por vulneración a su integridad física.
De la centena de casos registrados por negativa de acceso a la información, detalló que registraron un caso (1) por negativa de acercamiento a funcionario público; cuatro (4) por acceso a la información pública; seis (6) por acceso a la cobertura de asuntos de interés público; cuatro (4) por limitación de acceso al lugar; treinta y dos (32) por hostilidad al gobierno; dieciséis (16) por hostilidad de grupos sociales; y seis (6) por hostilidad de grupos criminales.
Sumado a esto Ipys ha denunciado que la normativa de grupos como la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), afecta la libertad de información de los venezolanos. También ordena la reserva de documentación de interés público.
Llenos de leyes
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) considera innecesaria una ley para el acceso de información pública. A su juicio la Constitución es precisa y clara al establecer que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial y sin censura.
“Cuando los gobiernos no hacen nada en beneficio del pueblo crean leyes. Pero tenemos la Constitución y su contenido debe hacerse cumplir. Nos estamos llenando de leyes que generan discrecionalidad de los funcionarios y por tanto no se aplican”, comentó Guía.
Recalcó que hacer cumplir lo establecido en la Carta Magna es deber de todos los venezolanos. “Dentro de ella todo, sobre ella nada”, agregó el presidente del CNP, quien describió la labor periodística como “titánica”.
El presidente del CNP citó la limitante de la Asamblea Nacional, donde los reporteros no tienen acceso a áreas destinadas para la prensa, “a fin de que no se reseñen de primera mano, no sólo las discusiones, sino también las posturas de los diputados que representan las tendencias en Venezuela.
