Cientos de inmigrantes haitianos, muchos de ellos ancianos que trabajaron durante décadas en los cañaverales de República Dominicana, marcharon el miércoles a la embajada de Haití en el centro de Santo Domingo en demanda de que su país les provea de manera gratuita documentos de identidad para comenzar a regularizar por primera vez su estatus migratorio.
El presidente de Haití, Michel Martelly, «tiene que honrar su palabra para que a ustedes les den sus documentos», dijo ante la multitud congregada afuera de la sede diplomática Jesús Núñez, vocero de la unión de trabajadores cañeros y quien fue recibido por personal de la embajada para presentar sus demandas.
«Martelly: dame mi papel», coreaban los manifestantes mientras caminaban con una pancarta en la que se leía: «Exigimos Martelly entregue pasaporte exonerado». Tras varios kilómetros de recorrido, los manifestantes arribaron a la embajada que se encontraba acordonada de forma inusual por agentes de la policía dominicana.
Núñez consideró que si el gobierno de Haití no documenta de forma gratuita a los trabajadores cañeros migrantes y a sus esposas, el plan que estableció este año República Dominicana para regularizar el estatus de los extranjeros podría fracasar.
«Martelly es responsable del fracaso (del plan), porque tiene que documentarlos» de forma gratuita, insistió Núñez. Recordó que los cerca de 40.000 trabajadores y pensionados haitianos de los cañaverales perciben menos de 120 dólares al mes, por lo que no tienen posibilidades de pagar el costo del pasaporte y están en riesgo de quedar fuera del plan de regularización.
Las autoridades dominicanas comenzaron el 2 de junio un ambicioso programa para regularizar el estatus migratorio de los más de 500.000 extranjeros, en su gran mayoría haitianos, que viven en el país sin permiso legal.
El programa fue establecido mediante una sentencia en la que el Tribunal Constitucional también ordenó de manera polémica anular la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país entre 1919 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia, como ocurre con los descendientes de los miles de trabajadores cañeros.
Uno de los requisitos de la regularización es que los inmigrantes presenten identificaciones emitidas por su país, pero miles de haitianos que llegaron durante gran parte del siglo XX para trabajar en los cañaverales carecen de documentos.
El ministro de Interior, Ramón Fadul, ha insistido en que quienes no se hayan acogido al plan de regularización antes del 31 de mayo de 2015 podrían ser deportados y explicó que hasta el 17 de septiembre, sólo unos 60.000, de los cerca de 120.000 inmigrantes que han tratado de inscribirse en el programa, tienen algún tipo de documento de identidad.
Como parte de un acuerdo entre República Dominicana y Haití, el gobierno de Martelly redujo en julio de este año el costo del pasaporte de 80 a 25 dólares a fin de que los migrantes puedan acogerse al plan de regularización.
«Los chelitos (dinero) no dan para pagar eso, no dan para la comida, ni el alquiler», dijo Ignacio Charles, cuya pensión tras unos 40 años de trabajo en los cañaverales asciende a 5,117 pesos (109 dólares) al mes. Como otros cientos de pensionados y trabajadores cañeros Charles marchó bajo el radiante sol caribeño por las calles de Santo Domingo.
Charles, de 74 años, llegó a República Dominicana en 1960 y, aunque nunca volvió a Haití y está pensionado por el estado dominicano, no puede tramitar su residencia debido a que no cuenta con el pasaporte haitiano.
Fritz Sinéas, embajador de Haití, explicó de forma previa a la manifestación que su país, el más pobre de occidente, es casi imposible emitir los pasaportes de forma gratuita.
