Estemos de acuerdo o no con los cambios ocurridos a partir de 1989, lo cierto es que hubo un intento de transformación estructural de una economía rentista a una economía productiva, tal como se manifiesta en las medidas económicas asumidas: liberación de precios, liberación cambiaría y de tasa de interés, disminución de aranceles proteccionista, privatizaciones. Sin embargo, el “gran viraje” enunciado en el VIII Plan de la Nación y que intentaría dejar atrás a la “Venezuela Saudita” muy poco tiempo después fue dejado en el olvido al no producirse respuesta del aparato productivo, el Estado tuvo que asumir nuevamente las riendas con el proceso de apertura petrolera, es decir la entrega nuevamente de la economía nacional a interés extranjeros y el mayor crecimiento del rentismo y la dependencia petrolera.
La justificación de la pasividad del empresariado fue que el clima de desconfianza, por el desequilibrio político, no creaba un ambiente sólido para la inversión. En el gobierno de Caldera, hasta quienes hicimos crítica, reconocemos que perduró un relativo clima de estabilidad política y pasividad social, no solamente regresó sino profundizó las políticas de corte liberal, mejoraron las variables macroeconómicas (disminución del déficit fiscal y de la inflación, estabilidad de las tasas de cambio, liberación de precios, etc.). Pero lo más importante aún, se profundizó la apertura petrolera y se acabó con la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores. Sin embargo nada sucedió, durante 40 años ininterrumpidos la inversión privada en términos reales en Venezuela no ha crecido, los 90 mil millones de dólares colocados fuera del país no retornan y lo que es peor, con el apoyo del Estado, lograron darle vuelco a la legislación laboral comprometiéndose a la reactivación de la mejora de vida del trabajador, negándose luego a cumplir con lo establecido.
Pero lo que sí es cierto es que este tipo de sucesos permite ir desmitificando la realidad nacional, de cuyos males siempre se ha culpado a lo público, es decir al Estado y de esta manera ir limpiando la responsabilidad de lo privado. Hemos sido profundamente críticos del Estado venezolano en la sociedad rentista por populistas, pero esto no nos puede llevar a enmascarar que han sido precisamente estos sectores empresariales, quienes hoy con el mayor cinismo critican el populismo, siendo ellos los más beneficiados por los despilfarro.
No todo lo público ha sido malo, ni lo privado es garantía de eficiencia, las erradas privatizaciones, los fraudes bancarios, y la actual actitud de resistencia por cumplir compromisos por parte de los empresarios son manifestaciones de esta realidad. Sectores de estos empresarios desean seguir sustentando sus riquezas a través de la especulación y el acaparamiento. Hoy ese empresario,cuyos enfrentamientos internos y por los distintos intereses económicos, así como su conversión a actor político partidista, amenazan con dividir o destruir a la vieja Fedecámaras, está obligado a responder al llamado de un país que exige el compromiso de todos. Así como hemos atacado las ineficiencias económicas de este gobierno por igual lo hacemos con el empresariado especulador. Reivindicamos al empresario honesto, que vive de su esfuerzo y que contribuye al crecimiento socioeconómico del país, comprometido con los más necesitados y dentro de la ética del modelo socialista.
