Ha anunciado el presidente Nicolás Maduro el inicio de un debate nacional sobre el precio de la gasolina. Un olor a eufemismo nos permite suponer que la decisión sobre el aumento del precio de la gasolina es una decisión ya tomada, desde hace algún tiempo inclusive, y lo que se busca es crear un “colchón” de opinión o de medidas complementarias que aminoren el costo político de una medida que la insostenibilidad del subsidio impone.
El problema es que la “lógica” económica de dicha decisión, es inevitablemente salpicada no sólo de una polarizada diatriba política y de un clima de desinstitucionalización del país, sino por el padecimiento de los lamentables efectos del fracaso del estatismo y la demolición del acervo productivo de la empresa privada, lo cual configura una coyuntura nada propicia para la implementación de dicho ajuste (¿entre otros?), sin generar malestar, críticas y polémica.
La discusión sobre los precios de la gasolina ha sido un debate postergado durante años por la “revolución”. Como también lo ha sido el de la realidad de una industria petrolera y de Pdvsa cuya capacidad de inversión y producción luce prácticamente estancada, por los errores y desviaciones que su rol en el financiamiento de un gasto social sin ningún tipo de control ni fiscalización han generado.
Si la cuantía del costo del subsidio para el Estado venezolano era desde hace años elevada ¿Por qué no se planteó la gradualidad en el tiempo de dicho aumento? ¿Por qué se esperó hasta una coyuntura en la cual la recesión y un acelerado ritmo inflacionario, que se estima podría cerrar este año en 80% (estimulado por erradas decisiones oficiales), esa decisión en efecto agravaría la dinámica del incremento de precios, la escasez, y la pérdida de la capacidad adquisitiva del venezolano?
El otro factor que enturbia el posible debate anunciado por Maduro (si se realizara con la objetividad, seriedad y amplitud requeridas) es la irresponsabilidad demostrada por el actual gobierno en la administración de los recursos públicos. La asignación de más de 20 mil millones de dólares a empresas de maletín, según han reconocido funcionarios oficiales, y la grotesca impunidad reinante, evidencian niveles de corrupción que junto a la opacidad, secretismo, discrecionalidad y desconocimiento sobre la gestión financiera del Estado, reducen los gramos de confianza y credibilidad que la población pueda tener sobre la sana administración, inversión, uso y destino de los recursos que genere el aumento del precio del combustible.
Estos, junto a otros, constituyen la triste y larga lista de los costos de un debate postergado.
@alexeiguerra
