Seis comunidades de diversos sectores del municipio Palavecino, hicieron presencia en el Concejo Municipal en ocasión de exigir la titularidad de los terrenos donde viven. Aunque representantes de la Alcaldía gestionaron algunas soluciones, la sesión ordinaria de este parlamento tuvo que ser suspendida por el airado nivel de las discusiones.
Representantes comunitarios de La Montaña, La Piedad Sur, Prados Verdes, La Morita, Valle Esperanza – Mamá Rosa y Agua Viva se concentraron en las afueras de la Alcaldía en horas de la mañana, con la intención de ingresar al Concejo a manifestar sus quejas.
Poco después lograron su cometido. De inmediato, el parlamento les otorgó el derecho de palabra a los protestantes, quienes se apoyaban con cantos alegóricos al expresidente Chávez. Todas las denuncias eran referidas al abogado Francisco Castillo, Síndico Procurador del Municipio Palavecino.
“Exigimos la titularidad de los terrenos y los permisos necesarios para la instalación de servicios públicos; en nuestro caso, en la comunidad de Valle Esperanza y Mamá Rosa, requerimos que nos atiendan porque los terrenos donde estamos tienen características ejidales”, explicó la señora Gladys Soto.
“Asimismo, exigimos que no sea levantada la pared que divide nuestra comunidad con la urbanización Plaza Jardín, ya que nos dejaría sin entrada principal. No somos invasores, tenemos tres años constituidos en esta zona”, prosiguió.
También Nellys Méndez, habitante de La Montaña, hizo un llamado al alcalde José Barreras, a fin de que gestione la titularidad de una porción de terreno en el sector para el beneficio de 254 familias que no cuentan con una vivienda digna.
Las discusiones de las comunidades obligaron la suspensión de la sesión, y por consiguiente se aplazó el proyecto de reforma a la Ordenanza sobre Ejidos y Terrenos Municipales.
Deben ajustarse al marco legal
Castillo, en respuesta a las comunidades presentes en la sede de la Alcaldía, se comprometió a entregar las titularidades siempre y cuando estén técnica y jurídicamente aptas. De lo contrario, considera, sería una irresponsabilidad porque sería un fraude a la Ley.
“De las seis comunidades que hicieron acto de presencia, una sola ha entregado lo conducente para gestionar la titularidad. Las demás han iniciado el proceso pero no han sido consecuentes con sus responsabilidades, esto no quiere decir que no la vamos a entregar, sino que deben cumplir el debido proceso de la Ley”.
