Imputada por el Ministerio Público, María Corina Machado se enfrenta a un proceso penal sin garantías de transparencia, según los abogados Jorge Rosell y Ramón Pérez Linárez y el politólogo Radamés Graterol.
La dirigente de oposición es acusada de instigación a delinquir “en su modalidad agravada previsto en el artículo 285 del Código Penal, con una pena de tres a seis años de prisión”, explicó el doctor Jorge Rosell.
Convocar a una manifestación pública conforme a la ley, como lo hiciera Machado en febrero, no representa un delito, aclaró.
“La justicia procede en contra de la lógica (…) Los imputados y enjuiciados son las víctimas de la violencia y no los funcionarios que la ejercieron. Se imputa a Machado por la violencia que proviene de militares y policías que reprimieron las manifestaciones”, agregó.
En este sentido, el politólogo Radamés Graterol afirmó que los poderes públicos se convirtieron en un apéndice del Ejecutivo.
“Se trata de la judicialización de la actividad política. En estos hechos se cometen una serie de vicios y errores que desvirtúan la aplicación de la justicia. No se rigen por el debido proceso”, dijo el abogado Ramón Pérez Linárez.
Asimismo, indicó que la líder de oposición podría ser detenida y llevada a juicio, como ocurrió con Leopoldo López.
“Es probable que le dicten una medida privativa de libertad. El Poder Judicial perdió su autonomía y sólo obedece los lineamientos del Gobierno”, opinó.
Planteó que el Gobierno de Nicolás Maduro “tiene un talante dictatorial” y lo demuestra cuando persigue a la disidencia.
De acuerdo con Rosell, esta “es una prueba más de que estamos en presencia de un régimen autoritario”.
“Lo que se está haciendo con Machado es un linchamiento institucionalizado, en el cual participan los tres poderes manejados por el oficialismo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la colaboración del otro cómplice: el Ministerio Público. Se le despojó ilegalmente de su condición de diputada, por orden personal de Diosdado Cabello”, resaltó Rosell.
Los abogados cuestionaron que las actas que conforman la causa contra Machado fueran del dominio de Cabello o Maduro.
“Esto conduce a una errónea y mala interpretación de la ley”, aseveró Pérez.
Tensión en el país
Graterol no descarta que se repitan los escenarios de protesta en rechazo a la persecución judicial contra Machado.
Igualmente, comentó que la oposición debe suscribir acuerdos para hacerle frente a la opción del Gobierno. “Una parte plantea una vía cortoplacista como lo es la salida y la otra una vía electoral”.
