“El concejal Joel Mendoza miente a la opinión pública al asegurar que la Contraloría Municipal dictaminó una sanción contra mi persona y la exalcaldesa Amalia Sáez”, indicó el abogado Carlos Pereira, ex director de Recursos Humanos durante la gestión de Sáez.
Su exposición obedece a un escrito entregado el jueves por el edil Mendoza, de la MUD, a este periódico, publicado ayer, en el cual nombra a Pereira y a Sáez en presuntas irregularidades en el cobro de sus prestaciones sociales, asegurando se trata de un “informe emitido por la Contraloría Municipal”.
Dijo que al mediodía de este viernes se apersonó a la Contraloría a conocer cualquier información relacionada con el caso, y la titular de este órgano, licenciada Delsy Briceño, le aclaró que no existe ningún procedimiento abierto que los involucre en hechos irregulares.
“Esto viene a corroborar lo irresponsable de las declaraciones de este concejal quien además de mentir se abroga una representación que no tiene, al actuar como vocero de la Contraloría”, apuntó, y agregó que de existir un procedimiento abierto los primeros en ser notificados y citados son Amalia Sáez y su persona para emprender el derecho a la defensa, y hasta los momento nada de eso ha ocurrido.
Recordó en su condición de funcionario público desde el 1ro de abril de 1986 en la Zona Educativa de Lara, con 28 años de servicio en la administración pública nacional, una vez que asumió la dirección de Recursos Humanos en el poder municipal local y renunció a su anterior cargo en el Ministerio de Educación el 18 de septiembre de 2013, los años de servicio en dicho ministerio fueron transferidos a la alcaldía de Irirbarren, y este ente fue el que solicitó su jubilación especial, al tiempo que asumió la antigüedad del mismo, tal como lo concretó, previa consulta al Síndico Procurador, quien lo consideró procedente, en base al principio de unicidad de la administración pública.
En el caso de Sáez, acotó, es una exfuncionaria pública con 33 años de servicio de labores docentes, por lo que en diciembre se le solicitó la jubilación a la Tesorería del Sector Social, y esta, pasados 90 días, declinó la competencia al Ministerio de Educación, indicando que por ser una docente de profesión gozaba de un régimen especial y que por ello solo le correspondía al Ministerio de Educación jubilarla, como en efecto ocurrió este mes junio mediante una resolución, lo que significa que se hizo ajustado a derecho.
“Inmediatamente que recibió la liquidación informé al Ministerio de Educación que no le adeudaba ningún pasivo laboral a la profesora Amalia Sáez, porque fueron calculados por el último ente que solicita la jubilación (alcaldía de Iribarren) y asumió la antigüedad, mientras que su pensión es por el ministerio en mención”, expuso.
Adelantó que se reserva las acciones legales por el delito de difamación.
Reacción de la Contraloría
La licenciada Delsy Briceño, aseguró que la Contraloría Municipal en ningún momento ha determinado a través de un informe responsabilidades contra la profesora Amalia Sáez y el abogada Carlos Pereira.
No entiende porqué se utilizó el nombre de la Contraloría para hacerle creer a la colectividad en general, en una nota de prensa, que este órgano involucra a estas dos personas en presuntas irregularidades.
En tal sentido, puntualizó que la Contraloría Municipal lo que lleva adelante es un informe preliminar de un proceso de auditoría que abarca procesos administrativos generales en la alcaldía de Iribarren, al cual le falta pasar por varios procedimientos legales y técnicos.
