El Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados conmemoró el Día Internacional en apoyo a las Víctimas de Tortura, en alianza con el Colegio Nacional de Periodistas y el Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA.
“Es necesario que todos nos ocupemos de atender y transformar tanto la vida de los opresores como las personas torturadas.
No podemos dejar el asunto en manos del Gobierno, precisamente es el Estado el que viola las garantías ciudadanas por el uso excesivo o arbitrario del poder”, indicaron las integrantes del Centro de Resolución de Conflictos, Nelly Cuenca de Ramírez y Xioely Gómez.
Las abogadas Liliana Ortega y Luz Ascencio, representantes de Cofavic y Amnistía, dictaron una videoconferencia, sobre garantías ciudadanas y la acción del Estado.
Los niveles de impunidad en Venezuela son elevados, advirtió la directora de Cofavic. Según el Ministerio Público, el 98% de los casos de derechos humanos no pasan a juicio.
“El Estado tiene que abrir investigaciones serias, independientes, conclusivas. El proceso debe terminar con la reparación integral de la víctima, esto incluye las garantías de no repetición”, sostuvo Ortega.
“Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, esas personas que pudieran creer que tienen circunstancialmente el apoyo del Gobierno, deben saber que en cualquier momento van a ser juzgadas”, agregó la presidenta del Centro de Resolución de Conflictos.
Sobre la violación de derechos humanos de febrero en adelante, indicó que se detectaron tratos crueles y degradantes.
Hay 157 casos de tortura desde el 4 de febrero, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano. Asimismo, más de un centenar de personas permanecen detenidas, tras las protestas.
“Ninguna causa real o invocada exime a los funcionarios del delito de tortura”, es el emblema de la campaña de la organización Amnistía Internacional.
Pérdida de credibilidad
Las instituciones del Estado pierden credibilidad y el ciudadano en vez de acudir a las autoridades, se reserva los detalles, comentó Ramírez.
Pero es obligatorio notificar a los organismos competentes sobre posibles casos de tortura o delitos tipificados en las leyes, aclaró Ortega.
“Es imprescindible acudir a las autoridades y buscar el apoyo de organizaciones no gubernamentales que tienen una acción a lo interno y puertas afuera.
Parte de las iniciativas que hemos tratado de divulgar apuntan a la afinidad que desarrollan las ONG en el marco de las violaciones a los derechos humanos, de forma que pueden acompañar a las víctimas de tortura o cualquier otro caso”, señaló Gómez.
El derecho internacional, dijo Ortega, hace excepciones sobre las responsabilidades del Estado, en aquellos casos donde involucran a grupos civiles armados, que actúan con la tolerancia del Gobierno.
“Habría que probar cuáles son los niveles de entramado, interacción y presupuesto oficial. El Estado crea fueros de impunidad cuando intenta invisibilizar a las víctimas”.
En julio próximo, se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Ley contra la tortura y tratos crueles, otro instrumento que condena las violaciones a las garantías ciudadanas.
