Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior venezolano, ha sido galardonado con el premio de periodismo Anibal Nazoa como comunicador destacado del año «por informar de manera oportuna y veraz sobre la situación real de los acontecimientos violentos en los últimos meses».
Tras recibir el reconocimiento, el militar y político del que el jurado destacó su esfuerzo por «promover la paz y reconciliación nacional», declaró que «el periodismo debe dedicarse a decir la verdad. Ningún ciudadano del planeta Tierra tiene derecho a ser engañado, a que le digan mentiras, el ciudadano tiene derecho a informarse de manera veraz».
Resulta curioso que el ganador de este premio no sea periodista y, que además, el motivo de su elección haya sido su vocación por informar de manera «veraz». Al igual que lo hizo el de Hugo Chávez, el actual gobierno de Nicolás Maduro se ha caraterizado por atacar y censurar a la prensa independiente, sobretodo en su intento de tapar los graves problemas econonómicos y sociales que atraviesa el país.
«Revolución» informativa
La revolución bolivariana ha supuesto un gran incoveniente para los medios de comunicación independientes. En 2007, el gobierno de Chávez decidió no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), que era la planta televisiva más antigua del país y que mantenía una línea crítica con el ejecutivo. Después de sacarla del aire, los equipos de producción y las antenas propiedad de RCTV fueron confiscadas por las autoridades venezolanas.
Los diarios El Universal y El Nacional, que tampoco tienen una postura afín al gobierno, han visto como éste demora la entrega de dólares para importar papel para producir periódicos, viéndose obligados a reducir el número de páginas de sus ejemplares. Pero lo más sorprendente de un gobierno que prácticamente no admite ser criticado, ha sido la tendencia a adueñarse de aquellos medios que rechazan su manera de actuar.
Además de diversos diarios y emisoras de radio, el caso más sonado ha sido el de la planta televisiva Globovisión, un canal de noticias al cual el anterior gobierno intentó por todos los medios hacer quebrar a través de multas inasumibles y al que Hugo Chávez acusó en varias ocasiones de «deformar la verdad» y de «incitar al odio».
En 2013, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), aprobaba la venta de este medio –que ya no era económicamente viable, según su dueño– a un empresario cercano a la revolución bolivariana. Días después de hacerse efectiva la venta, reconocidos periodistas con una larga trayectoria en el canal informativo dejaban sus puestos de trabajo tras denunciar presiones y censuras de la nueva directiva.