La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió este viernes los argumentos finales por el cese de transmisiones de la televisora venezolana RCTV contra el Estado, lo que el medio afirma fue una represalia por su línea crítica hacia el gobierno.
Al concluir dos días de debate sobre la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión de frecuencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), los representantes del gobierno alegaron que la Corte no tiene autoridad para ver el caso por tratarse de la defensa de intereses corporativos, no de derechos humanos.
El abogado de la emisora, Carlos Ayala Corao, inició su presentación con un video en el que Chávez declaraba que «no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño grupo de personas para que usen las televisoras en contra de nosotros mismos».
«Este cierre arbitrario de RCTV violó los derechos humanos de las víctimas al debido proceso, a la protección judicial, a la no discriminación, a la libertad de expresión y a la propiedad», aseguró Ayala.
Recordó que otra televisora privada, Venevisión, también de línea crítica, tenía su concesión vencida el mismo día que RCTV, pero se le renovó porque «rectificó» su línea editorial.
«El único canal crítico de la televisión nacional que no se doblegó a la línea del gobierno fue cerrado», agregó el abogado Pedro Nikken, en nombre de la televisora.
Sus argumentos fueron refutados por el abogado del gobierno venezolano, Gonzalo Saltrón, quien negó que se hubiera violado la libertad de expresión con el fin de la concesión.
«A otras televisoras venezolanas tan críticas como RCTV sí le renovaron las concesiones, como sucedió con Venevisión y Televen», dijo.
Sostuvo que en Venezuela, como en la mayoría de los países, el espectro radioeléctrico es de dominio público y el Estado lo concede a discreción.
«No se puede condenar a Venezuela por hacer uso de esa facultad (concesión discrecional de frecuencias), tendrían que condenar a todos los países donde existe la misma situación», sostuvo Saltrón.
