Las deliberaciones de la LXVIII Asamblea Anual de Fedecámaras, que se realizaron entre el 16 y 17 de julio, en Caracas, con una masiva participación de la dirigencia empresarial de todo el país, permitió demostrar que se ha registrado un cambio de 180 grados en la concepción de lo que hasta ahora era el movimiento empresarial organizado.
Si bien es cierto que durante las diferentes exposiciones que hicieron varios economistas de alto rango, quedó claro que independientemente de los resultados de las elecciones del 7 de octubre, los escenarios económicos que evidencian un déficit fiscal superior al 8,8% del Producto Interno Bruto, un endeudamiento público superando los US$ 180.000 millones y un deterioro en los precios del petróleo, obligarán al Ejecutivo a ejecutar una mega devaluación de la moneda, que pudiera oscilar entre un 30% y un 60%, dependiendo de quién se alce con la silla presidencial en octubre, también se produjeron acontecimientos verdaderamente alentadores.
Muchos de los capitanes de empresa que asistieron al evento, incluyendo a varios ex presidentes de la federación empresarial, por fin entendieron lo dicho por el actual presidente de la Institución, Jorge Botti, cuando anunció durante su toma de posesión en el 2011, que su gestión estaría orientada a tender puentes, porque la responsabilidad de resolver la problemática del país, no podía ser asumida sólo por el Gobierno, pero tampoco por el empresariado nacional en forma unilateral.
En esta oportunidad se presentó, ya en forma concreta, el plan “Progreso y Bienestar” que se anunció como simples ideas hace un año. Se trata de un plan enfocado en una visión compartida de país que permite impulsar un modelo de desarrollo distinto, que garantiza acabar con el modelo rentista y permite posicionar a Venezuela como un país productivo. Se trata de un compromiso orientado a contrarrestar el alto costo de la vida, aumentar la producción nacional, crear empleos y superar la exclusión y la pobreza.
Aun cuando suena como una utopía, un sueño irrealizable en las actuales condiciones que vive el país, el plan propone triplicar en tres años la inversión del sector privado, elevándola hasta un 20% del PIB; generar 1 millón de puestos de trabajo y crear 100.000 nuevas empresas y elevar la capacidad productiva de las empresas de 52% a 70% en período establecido.
Esto no podrá lograrlo solo el sector privado, de allí que el actual líder del empresariado, anunció la realización de alianzas y encuentros estructurados con los trabajadores organizados, los emprendedores populares, con la academia, los jóvenes estudiantes y por supuesto con los empresarios.
Fue verdaderamente estimulante ver en el escenario a Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas; Benjamín Schariftker, rector de la Universidad Metropolitana; Natassja Palmiotto, líder social juvenil; Yunis Hernández, lider sindical; Presidente del Movimiento Unidad Matancera; y Angelo Burgazzi, joven emprendedor del mundo de la informática, acompañando al presidente de Fedecámaras en la presentación de las alianzas y de los acuerdos y compromisos por Venezuela.
Pero lo más relevante fue el convencimiento de cada uno de ellos, en torno a lo que significa ser empresario; su satisfacción por sentarse en la misma mesa con los principales capitanes de empresa del país y debatir los problemas de tú a tú y su agradecimiento por darles la oportunidad de convertir en empresarios, en lo que constituye una semilla que ha comenzado a germinar y que ha debido sembrarse desde hace muchos años.
Compromisos consensuales
De las alianzas con estos diferentes sectores, por consenso se acordó promover el desarrollo productivo, el emprendimiento y la innovación; defender la propiedad privada y el derecho a la iniciativa económica; contribuir al progreso social, a la no exclusión, la superación de la pobreza y la equidad en nuestra sociedad; fomentar una cultura que supere las conductas políticas y económicas del rentismo; promover reformas profundas en la educación y promover la reconciliación de la sociedad venezolana.
Por su parte, el empresariado organizado, en este mismo encuentro, asumió un compromiso ético, también con el desarrollo del país, con la educación y con el bienestar social y la paz.
Por supuesto que para poder alcanzar los objetivos propuestos en el plan Progreso y Bienestar, constituyen requisitos fundamentales, el detener el proceso expropiatorio y exigir respeto pleno a las garantías constitucionales; despenalizar el régimen cambiario, de manera de quitar a las empresas la “camisa de fuerza” que en estos momentos representa el control de cambios y, por supuesto, sustituir la inamovilidad laboral por la estabilidad laboral, en otros términos el empresario se compromete a mantener su nómina sin modificaciones, pero se le debe permitir que se quede con los trabajadores más eficientes, con los que más producen y estén más compenetrados con la labor que ejecutan.
Aun cuando se produjo un cambio radical, tanto en el tiempo de duración del encuentro empresarial, debido a los altos costos que éstos representan y en las características de las LXVII asambleas anteriores, al final del día el balance fue positivo, habrá que esperar por los resultados, a los cuales habrá que hacerles un monitoreo permanente, para que no sea como las anteriores: una samblea de papel.
