El Ministerio Público viene realizando desde hace algún tiempo, una investigación debido a la denuncia realizada por diputados de la Asamblea Nacional, sobre una serie de acciones desestabilizadoras en el país y es por ello que un juez de control autorizó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la interceptación de comunicaciones privadas, tal como se encuentra establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien justificó la intervención de los correos y llamadas telefónicas de algunos dirigentes de la oposición venezolana quienes presuntamente se encuentran gestando un plan de magnicidio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro.
«El Sebin encontró algunos de estos correos que fueron mostrados por el alcalde de Caracas. Si bien es cierto que las actuaciones son reservadas y solamente pueden tener acceso a ellas expresamente quienes señala el Copp, debemos tener en cuenta que estamos frente a un problema de seguridad de Estado y este es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado, sus instituciones y con la vida de la máxima autoridad que es el Presidente de la República; por lo tanto el Ministerio Público creyó conveniente ofrecer esta información a la posible víctima que es Nicolás Maduro», dijo.
Explicó que actualmente su despacho se encuentra profundizando aún más en la investigación antes mencionada y no descarta que parte de la información dada a conocer por el alto mando político venezolano, sirva como pruebas para determinar la participación o no de algunas personas en este «problema de seguridad de Estado».
Ortega Díaz aseguró que en este caso en particular, en los próximos días se pudieran entregar algunas citaciones para realizar entrevistas y no descarta que también se puedan solicitar medidas privativas de libertad y prohibiciones de salida del país.
«Ya nosotros nombramos un director del MP para que le haga seguimiento a esta investigación, porque considero que es un problema de seguridad de Estado y como tal debemos darle ese tratamiento», sentenció.
En otro orden de ideas, la Fiscal General anunció que el Ministerio Público congeló las cuentas del concesionario La Venezolana y de sus dueños, y además dictó medidas legales contra del patrimonio de los titulares de ésta.
«Estas acciones se han tomado en función de garantizarle a las víctimas el resarcimiento al daño que se les ha causado», resaltó.
Ortega hizo un balance de las denuncias que se han recibido con respecto a este caso.
«Se han atendido 1.540 personas a nivel nacional, aunque el grueso de las víctimas se encuentra en Caracas. Fuera de Caracas sólo hemos recibido 77 denuncias» dijo.
También solicitó a las víctimas suministrar toda la información necesaria para agilizar la investigación y reiteró la importancia de consignar los recaudos que las acrediten como compradores del concesionario La Venezolana para efectuar la data de los afectados.
