Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, consignó una denuncia en contra de los concejales del municipio Iribarren, en la pasada gestión concluida en el mes de diciembre de 2013, por la adjudicación de un terreno de dos hectáreas en el sector El Manzano, al sur de la ciudad, a supuestos testaferros de los funcionarios públicos. La consignación de la denuncia la realizó ante Jesús Pérez, síndico contralor del municipio, en la sede del Palacio Municipal.
En este sentido, Palacios explicó que la finalidad de la consignación es que el síndico se pronuncie ante las acusaciones hechas en contra de los legisladores pasados y que ya han sido elevadas en anteriores instancias ante la Fiscalía del Ministerio Público y ante la Comisión de Contraloría del Concejo Municipal.
Palacios recordó con la adjudicación consta de un terreno por un contrato de concesión de uso para el supuesto desarrollo de complejos habitacionales para beneficiar al municipio, «son terrenos que representan puro lomito, y que se adjudicaron ellos mismos a través de terceros». El representante legislativo comentó que, al revisar los expedientes de los proyectos a desarrollar allí, se constató que el mismo carecía de algunos requisitos, «sólo habían unos dibujos sobre fachadas de casa, que no cumplen con la ley».
Entre las ilegalidades, señala Palacios, recordó que la petición hecha por los testaferros se realizó el 25 de noviembre del 2013 y, tan sólo un día después, los concejales aprobaron la adjudicación. Posteriormente, el 4 de diciembre del año pasado, se firmó el contrato de otorgamiento, «no hay duda que querían raspar la olla porque se sabían perdidos en las elecciones», del 8 de diciembre.
Por último, emplazó a Alejandro Natera, presidente del Concejo Municipal, a investigar dicha denuncia, y al Partido Socialista Unido de Venezuela, por tanto fueron los representantes del partido que avalaron la disposición, «tanto Gregoria Ester Camacho y Digna Suárez fueron concejales en esa gestión y siguen desempeñándome como tal».
El documento fue recibido por Pérez, quien comentó que existe la presunción de una serie de ilícitos toda vez que no hubo la consignación de documentos necesarios. En 30 días hábiles, el síndico tendrá que emitir una respuesta que podrían ir desde la recesión del contrato y la nulidad del mismo, en el caso de demostrarse las responsabilidades de los concejales, o avalar la adjudicación si se cumplió la legalidad.
