Acaban de cumplirse siete años de la salida del aire de RCTV. Es un tema que estará en el tapete ya que se espera una decisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que admitió una demanda contra el Estado venezolano. El 27 de mayo de 2007 dejó de existir RCTV en la señal de la televisión abierta de Venezuela, y de forma simultánea se produjo la aparición de TVES. Difícil no hacer una lectura que parta de estas dos experiencias comunicacionales. Con la salida de RCTV la sociedad venezolana, y especialmente los sectores más pobres, perdieron una opción informativa y editorial crítica del gobierno, una posibilidad de entretenimiento y, sobre todo, perdieron el control sobre la pantalla de televisión.
Si se observa lo ocurrido en estos años, no hay señales de que el gobierno desee bajarle el tono a la confrontación con los medios, y al contrario parece haber comprendido que el camino no es sacar una señal del aire, tal como hizo con RCTV. El camino hacia la hegemonía delineada por el ministro Andrés Izarra parece explorar otros senderos. Después de lo que fue el cierre de RCTV, Globovisión simboliza en este período el nuevo esquema: se trata de una guerra de baja intensidad, con acciones judiciales, tributarias, vociferantes amenazas y negación de acceso a las fuentes oficiales, hasta hacer inviable la actividad del medio y torcer su línea editorial. La venta de este canal refleja cabalmente el éxito de la estrategia oficial. En Venezuela, ejercer la crítica pública, una parte sustantiva de la libertad de expresión, provoca disgusto en las autoridades.
El cese de RCTV en la televisión abierta y su exitosa incursión en el cable (hasta enero de 2010), junto al desastre político-comunicacional que ha representado TVES, deja al desnudo la incapacidad que tiene el gobierno venezolano para llevar adelante una propuesta televisiva que se conecte con las mayorías. Es una notable paradoja para una administración que pone un énfasis evidente en lo mediático.
La salida de RCTV de la televisión abierta no se debió a razones legales o para encaminarnos a una televisión de calidad. La decisión debe verse en el marco de una estrategia mayor para consolidar un universo mediático gubernamental, que si bien no logra niveles de audiencia importantes, sí representa pérdidas concretas para la pluralidad, para la diversidad de opciones en la TV de la Venezuela actual. A todas luces, es un retroceso democrático lo que se vive en la pantalla.
Finalmente, el caso de RCTV debe llamarnos la atención en otro aspecto, también menguante en la vida democrática venezolana. Es un principio universalmente aceptado, la necesidad de que haya una justicia independiente para que se garantice la igualdad y se eviten los abusos de quienes ejercen el poder. El proceso legal que ha acompañado a la salida de RCTV de la señal abierta, deja serias dudas sobre nuestro sistema de justicia. Los distintos recursos que presentó la planta se respondieron, en muchas ocasiones, de forma extemporánea por los tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. La máxima instancia judicial del país, por otro lado, acogió un amparo de personas que intentaban impedir la salida de RCTV, le dieron la vuelta a esos argumentos y los usaron para justificar el nacimiento de TVES. Una cabriola jurídica inaudita. Entretanto, los equipos de RCTV están en una suerte de préstamo forzoso, sin mecanismos legales para lograr su devolución o bien alcanzar una compensación económica por el uso que la señal de TVES hace de los mismos, siete años después.
@infocracia
