Estadísticas de investigación periodística indican que 10 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad fueron asesinados en Lara en lo que va de año. En 2012 la cifra se ubicó en 20 y en 2013 ascendió a 21(1% de incremento) ¿Las razones? A juicio de la criminóloga Carmen García de Mármol León el irrespeto a la investidura policial constituye otro factor para explicar el homicidio de quienes se deberían encargar de la seguridad en el país. “Hace rato se les perdió el respeto por la actitud que tienen”, reflexionó, mientras recuerda que las antiguas generaciones hicieron su trabajo correcto, “pero eso no iba a arropar a los de ahora si no lo demostraban. Actualmente, se pusieron al mismo nivel de la delincuencia por la falta la ética profesional”.
La especialista alega que el ego de los delincuentes aumenta al decir que matan a un funcionario policial, de allí que poco se valore su investidura. Este análisis concuerda con la opinión de Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, al reafirmar la teoría de la pérdida de respeto a los uniformes de seguridad, “pues los matan hasta en sus funciones”.
Por su parte, José Vicente Carrasquero, reconocido sociólogo, señala a algunos efectivos de cometer actos delictivos, “a veces se piensa que abusan de su autoridad y va más allá de sus funciones, además andan matraqueando o haciendo prácticas indebidas, lo cual se traduce en falta de supervisión por parte de sus jefes inmediatos”.
Luis Rodríguez, director del Cuerpo de Policía del estado Lara, comentó que ha visto con mucha preocupación los homicidios que se han registrado en los últimos años en los cuales las víctimas son funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad. “En estos actos delictivos buscan apropiarse de las armas de fuego y generalmente usan el factor sorpresa”. Presume que la destrucción de armas le ha dificultado al delincuente el acceso, por cuanto, además de incautarlas, las autoridades las destruyen.
Mientras que el director de Seguridad y Orden Público de la entidad larense, Edilberto León, manifiestó que se debe realizar un exhaustivo análisis de cada situación, pues “por lo general las fechorías se comenten durante su desempeño normal como ciudadano”.
Afirmó que se están tomando medidas mayores para evitar que sea asesinada cualquier persona. “Creemos que la seguridad es neutra en todos sus sentidos; nos debemos a toda la comunidad. Estamos evaluando constantemente las situaciones, con la finalidad de minimizar estos hechos”.
No obstante, Rocío San Miguel indicó que faltan políticas públicas y mayor seguridad. “Los delincuentes exhiben el arma de fuego, transitando en motos sin placas, sin que sean monitoreados por los cuerpos del Estado”.
En tal sentido, José Vicente Carrasquero expuso otro factor: los bajos salarios de los funcionarios y los pocos incentivos por parte del Gobierno, “pero no justifica que tengan que matraquear, en tal caso los están incitando a trabajar mejor pero no necesariamente a cometer actos, por eso hace falta supervisión porque cuando lo haces la primera vez y notas que no te pasa nada lo repites, de alguna forma se fomenta con esas prácticas inadecuadas”.
Los valores deben ser reforzados, dijo Carrasquero, y eso iría desde la formación familiar. Insiste en una supervisión mucho más estricta.
La criminóloga García de Mármol León, asume que el problema también radica en los valores, más que en los bajos recursos económicos. “El ser pobre no tiene nada que ver; no hay valores ni principios, comenzando con que no deben sentarse a la mesa sin camisa o colocando los codos”.
El comisario Juan Carmona, jefe de región del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Lara, no descarta que el hecho de que algunos efectivos de seguridad residan en barriadas, donde en ocasiones comparten las calles con los delincuentes, también influye, pero para él no es la razón principal del por qué ultiman a los uniformados.
Cuenta que al ocurrir un caso de estos buscan inmediatamente a los implicados, “pero esos delincuentes saben que asesinaron a un efectivo y que los andan buscando, por eso es que de una vez se enfrentan a las comisiones”.
La honestidad, sinceridad y respeto deben mantenerse por parte de los funcionarios de cualquier organismo de seguridad, quienes día a día enaltecen su labor cuando ponen en práctica estos valores, pues cada delincuente que sacan de la calle es un delito que se evita.
Los ciudadanos a veces sobornan a los funcionarios
Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien resguardó su identificación por miedo a represalias, manifestó que “a pesar de los problemas políticos trabajamos todos los organismos en conjunto, especialmente con la regional”.
Se quejó del sueldo el cual calificó de paupérrimo, “y aunque no avalo los hechos delictivos a veces comprendo por qué muchos compañeros se ven inmiscuidos en estas situaciones”.
Dijo que algunos uniformados tienen una familia numerosa que mantener y el salario no es el mejor, “nuestra función es sacar delincuentes de la calle y eso nos da satisfacción pero a veces la culpa es del mismo ciudadano que cometió una infracción, le colocamos una multa y muchos nos ofrecen dinero para olvidar el hecho. Ahí comienza la corrupción”.
Para él es gratificante cuando no aceptan sobornos, sino que aprehenden a quien comete el delito.
Alcabalas prohibidas en Venezuela
Desde el año 2006 en Venezuela y por resolución de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), están prohibidas las alcabalas policiales, y sólo se pueden instalar cuando se presume que podría ocurrir un hecho delictual y tienen que ser notificadas al Ministerio del Interior, Justicia y Paz, además de cumplir con ciertos requisitos.
Esta resolución se produjo después del 27 de marzo de 2006, cuando el empresario Filippo Sindoni fue secuestrado y posteriormente ultimado luego que lo capturaron en una alcabala con personas que portaban uniformes de cuerpos de seguridad.
El 20 de marzo de 2012, presuntamente funcionarios del Cicpc en Maracaibo, le quitaron la vida a la hija del cónsul de Chile en Venezuela, Karen Vanessa Berendique Betancourt, de 19 años, mientras se efectuaba una alcabala. Al ver una actitud sospechosa en quienes iban en la camioneta donde se desplazaba la hija del diplomático, los mandaron a detener, pero el conductor, temeroso, siguió su rumbo por lo cual los funcionarios dispararon en una oportunidad y luego los persiguieron imaginando que se trataba de unos delincuentes.
Recientemente, el caso más sonado fue el asesinato de la gerente del Banco Nacional del Crédito (BNC), Luimer Pacheco Lino y una de sus tres hijas. Murieron abaleadas la noche del cuatro de julio de 2013 en el sector Las Calderas del municipio Colinas del estado Falcón.
Por el hecho responsabilizaron a unos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que aparentemente estaban en una alcabala y se equivocaron de objetivo. Cabe destacar que las otras dos hijas de la fallecida quedaron heridas.
El pasado 15 de mayo, los 13 uniformados fueron condenados a penas que oscilan entre 7 y 15 años de prisión por el hecho.
