Las 690 toneladas de alimentos incautadas a la Distribuidora El Nonno, de la Zona Industrial II de Barquisimeto, fueron enviadas a 10 estados del país, mediante la red de abastos Pdval.
Ayer, el general César Figueira, comandante de la 14º Brigada de Infantería, y el teniente coronel Rafael Hidalgo, gerente nacional de operaciones de Pdval, autorizaron la salida de 17 gandolas a los tres centros de acopio de la estatal: Lara, Cojedes y Distrito Capital.
“Del total de alimentos acaparados, había 122 toneladas en estado de vencimiento”, declaró Figueira.
Anunció que decidieron repartir las 690 toneladas de alimentos en 10 estados del país. La mayoría irá para Caracas.
“Hacia el Distrito Capital serán direccionadas 223 toneladas de alimento”, explicó. 140 toneladas se dividirán entre Miranda y Vargas y 83 en la Gran Caracas.
En Lara quedaron solamente 86 toneladas de productos sólidos y otras 100 de refrigerados.
De resto, enviaron 92 toneladas a Yaracuy, 50 a Trujillo, 40 a Cojedes, 34 a Guárico y 30 hasta Amazonas.
Unas 34.000 personas serían beneficiadas, aseguró Hidalgo, quien además fue electo jefe de la junta administradora de ocupación temporal de la Distribuidora El Nonno.
Bajo investigación
Los voceros informaron que el propietario de esa empresa será trasladado a un penal.
“Fue presentado a la Fiscalía del Ministerio Público y está privado de libertad”, reiteró Figueira.
Alegaron que el imputado faltó a la Ley Orgánica de Precios Justos y es responsable del vencimiento de 122 toneladas de alimentos, las cuales habrían favorecido a 6.000 personas.
La empresa fiscalizada prestaba servicio al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y hace dos meses dejó de despacharle alimentos por la deuda.
Sin embargo, el gerente de Pdval dijo que el retraso del Estado en los pagos no pudo comprobarse.
Por otra parte, contó que la Gobernación de Lara y la Alcaldía de Iribarren compraban combos “con 1.400% de sobreprecio” a la misma empresa. No descartó que existiera complicidad.
“Si tenían conocimiento de que la Distribuidora tenía esa cantidad de alimentos debían obligarlos a repartirlos, es un delito el que ellos cometieron”, resaltó.
Hidalgo adelantó que está en manos de la Fiscalía determinar qué sucederá con los galpones. Tampoco descartó la expropiación.
Asimismo, afimaron que “pagarán a precios justos” las toneladas confiscadas a la compañía local.
