La responsable de América Latina en el Departamento de Estado dijo el miércoles que ningún integrante de la coalición opositora en negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro le ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios venezolanos acusados de derechos humanos.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Roberta Jacobson dijo a reporteros que ella incurrió en una confusión cuando dijo la semana pasada al comparecer ante un panel del Senado que Washington considera prematuro sancionar a funcionarios venezolanos porque integrantes de Mesa de la Unidad Democrática así se los había pedido.
«Yo he dicho mal en el hearing (audiencia). Hay personas que han dicho que no, pero son personas fuera del diálogo», dijo Jacobson en español a periodistas en la embajada de Uruguay tras firmar un memorando de entendimiento para promover la igualdad social, étnica y racial con esa nación sudamericana.
«Yo hice mal. Fue una confusión durante el hearing (audiencia) cuando yo recordé mal» (sic), agregó.
Un empleado del Senado que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los periodistas dijo el miércoles a The Associated Press que Jacobson envió al Senado una carta solicitando que su error sea corregido en la minuta oficial de la audiencia.
Pese a la confusión de Jacobson, el gobierno estadounidense mantiene su postura de esperar los resultados de un diálogo iniciado hace un mes por el gobierno venezolano y los opositores sobre los problemas que aquejan a Venezuela y el conflicto político que atraviesa el país.
Al ser consultada sobre el anuncio formulado la víspera por la coalición opositora de suspender el diálogo en rechazo a las recientes acciones de las autoridades contra una marcha de universitarios y por el desmontaje de los cuatro campamentos opositores, Jacobson respondió: «Espero que (el diálogo) no ha terminado, pero no sé realmente. Yo he visto solamente las noticias, no he tenido conversaciones con ellos (los miembros de la Mesa). Es para ellos decidir» (sic).
La decisión de la Mesa de la Unidad Democrática no representa el fin del proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro pero sí constituye una acción de presión del bloque opositor, que ha sido duramente cuestionado por algunos de sus aliados que exigen acelerar la definición de acuerdos. También les reclaman posturas más duras contra el gobierno de Maduro por la represión de las protestas callejeras.
