No sólo los locales comerciales, están sometidos a regulación por parte de la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario, sino cualquier inmueble que no sea destinado a vivienda, como son las oficinas, depósitos, galpones industriales, entre otros.
La información la dio a conocer el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, al fijar posición en torno a los alcances reales de este nuevo instrumento, que afecta severamente la actividad inmobiliaria en todo el territorio nacional.
El dirigente gremial, hizo un llamado a la comisión que lleva el control de este debate, por cuanto tienen particular interés en tener la oportunidad de poder participar, como expertos en la materia, para hacer sus observaciones, evaluar la redacción del articulado, lo que hasta ahora no se ha producido, por cuanto solamente se les ha invitado a una reunión para presentarles la información.
-Es importante dejar claro que esta es una ley, que no solo regularía el monto de los alquileres, cosa que no representa ninguna novedad, lo que llama la atención es que en esta oportunidad se incluyen figuras que, a nuestro criterio, son inconvenientes para el desarrollo proyectos destinados a construir inmuebles comerciales en el país-, aseguró.
La Ley plantea, por ejemplo, regular los precios de venta de cualquier inmueble de un propietario a un inquilino, lo que evidentemente ya no sería una negociación de mutuo acuerdo, sino que sería fijado por el Estado, mientras que por otra parte, repite el esquema de crear una dirección o Superintendencia Nacional de Arrendamiento, que en la parte correspondiente a al área de vivienda, ha sido inconveniente, porque sustituye a las oficinas que ya existen a nivel municipales en todo el país, para crear unas oficinas que dependientes del ejecutivo.
Fue categórico al señalar, que han pasado ya 240 días de vigencia de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, y hasta la fecha no se ha generado lo que se prometió, hoy ya es evidente que las personas abren los periódicos y no encuentran inmuebles en alquiler, que antes proliferaban en los avisos económicos de los diarios de todo el país.
-Estamos solicitando que, en la medida de lo posible, se deje a voluntad de la partes la negociación del alquiler, ya aquí el argumento social no existe, porque aquí tanto el comerciante tiene un negocio e igualmente lo tiene el propietario de un inmueble-, aseguró el presidente de Apiur.