La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) restringió el derecho a la protesta pacífica mediante una sentencia.
Ahora es obligatorio solicitar un aval previo a las autoridades para realizar concentraciones públicas. El incumplimiento de esa norma acarrea multas y sanciones.
Pero los universitarios no están de acuerdo con la sentencia. De hecho, la marcha pautada para hoy hasta el centro de Caracas sigue en pie.
“El Movimiento Estudiantil desconoce al TSJ y llama a la movilización. El organismo responde a intereses del partido de Gobierno”, dijo el coordinador nacional de la Junta Patriótica Estudiantil, Vilca Fernández al diario EL IMPULSO.
Advirtió que el Gobierno utilizó al TSJ para darle carácter legítimo a los arrestos y persecusiones en los hechos de protesta, un punto clave en el Plan de la Patria, aseguró.
Esa institución agregó, está al servicio del oficialismo, por lo tanto carece de autonomía.
“Hoy, más que nunca, debemos seguir en la calle, luchando por la libertad y la democracia. Estamos frente a un régimen totalitario, una dictadura declarada”, resaltó.
Señaló que la protesta en el país no se acabará. Al contrario, habrá un despertar en la sociedad civil.
A su juicio, habrá más cohesión y fuerza, “mientras el régimen se debilita”.
“Nos vamos a mantener en las calles rechazando todo intento de golpe a la Constitución.
En ningún lado dice que debes pedir un permiso para protestar, solo notificarlo. Y así seguirá siendo para nosotros”, aclaró.
Informó que en las próximas semanas, la Junta Patriótica Estudiantil presentará un proyecto de país, en el cual involucran a todos los sectores de la sociedad.
También cuestionó el diálogo entre Gobierno y oposición. “Está destinado al fracaso”.
Sentencia irracional
El exmagistrado del TSJ, doctor Jorge Rosell, recalcó que el artículo 68 de la Constitución (sobre el cual está acreditada la sentencia) sí prevé formalidades y permisos para ejercer el derecho a la protesta.
Sin embargo, la autoridad está en la obligación de otorgar una licencia o pisotearía el derecho humano al disenso.
La Sala Constitucional se “auto atribuyó” una decisión que no le corresponde, planteó.
“Según el artículo 335 de la Carta Magna, “el máximo y último intérprete de la Constitución», es el TSJ en Sala Plena, no la Sala Constitucional”.
Pero hay más aberraciones, adujo. La sentencia responsabiliza automáticamente a las personas que firmen la solicitud de protesta ante el órgano administrativo.
Calificó de terrible la sentencia. “Profundizará el ejercicio irregular del sistema penal con relación a la ciudadanía.
Aumentarán las detenciones y casos de represión, ahora con el respaldo irracional que le da la Sala Constitucional a la actitud violenta de los órganos administrativos y seguridad”.
Es posible apelar la sentencia, contó el también profesor. La Sala Plena tendría la última palabra en ese caso.
Protestas en jaque
El miembro del Foro Penal Venezolano en Lara, abogado Pedro Troconis, alertó que la Sala Constitucional coloca a toda la sociedad civil en un gran factor político. Por lo tanto, se criminaliza la manifestación que no tenga fines partidistas.
Es decir que los reclamos por fallas en los servicios públicos o concentraciones, incluyendo actos patrios, acabarían en arrestos o sanciones.
“Si le cortan la luz todos los días no puede ir a Corpoelec a reclamar. Hasta una reunión de pocas personas con su bandera, en un espacio público sería considerada como un desacato a la ley”, apuntó.
Incluso, anticipó que hasta el Gran Mercado Popular instalado generalmente en la Plaza La Justicia necesitaría de permisos.
Consecuencias nefastas
La integrante del Movimiento Estudiantil Lara, Paola Iribarren, declaró que la sentencia del TSJ tendría consecuencias nefastas.
“Nos cierran las posibilidades de salir a la calle pero seguimos en pie de lucha.
Tememos que ascienda el número de detenidos pero estamos haciendo temblar al Gobierno”, expresó.
Las acciones de calle, al menos en Barquisimeto y Cabudare, van a continuar, aseguró.
