Decenas de miles de personas tenían complicaciones el jueves para llegar a sus trabajos o decidieron quedarse en su casa debido a la huelga nacional convocada por los sindicatos más combativos de Argentina que paralizó el transporte público y otras actividades, en un clima de creciente conflictividad social.
Además del paro de trenes, autobuses y metro, la huelga encabezada por la Confederación General del Trabajo incluye la suspensión de la recolección de basura, el transporte de carga, el suministro de combustible, la actividad en los puertos y la producción de carne. Los únicos vuelos que operaban eran los internacionales, mientras que los hospitales públicos sólo atendían emergencias.
En tanto, se produjeron incidentes entre manifestantes de izquierda que cortaban una ruta de acceso a esta capital y las fuerzas de seguridad que intentaban despejarla. Están previstos al menos 40 bloqueos de rutas y caminos en todo el país.
Ángel Neves Agostino, de 64 años y dueño de un kiosco en Buenos Aires, dijo a The Associated Press que la venta disminuyó al menos 70% por la escasa afluencia de público. «Yo entiendo que la gente siente que su ingreso salarial está peor, hay una pérdida del poder adquisitivo del 30%», dijo el comerciante quien, sin embargo, aseguró no estar de acuerdo con la medida de fuerza.
El comercio y los empleados bancarios, que han negociado aumentos de sueldo para el año, son algunos de los sectores que no se adhirieron a la protesta, que transcurre en medio de las más recalentadas negociaciones salariales que se recuerden en años.
Los huelguistas, enfrentados con la presidenta Cristina Fernández, sostienen que el paro no pretende desestabilizar al Ejecutivo sino denunciar los problemas económicos que sufren los trabajadores por una inflación que ronda el 30% anual y que se prevé que se acelerará este año.
Los sindicalistas exigen negociaciones salariales sin topes máximos, un aumento para jubilados y pensionados, la derogación del impuesto que se aplica a los salarios y el reparto de los fondos que el Estado adeuda a las prestadoras de salud sindicales. Los gremios acusan al gobierno de no combatir la inflación y aplicar un ajuste que se ha traducido en un aumento de más del doble de las tarifas de agua y gas debido a la quita de millonarios subsidios a esos servicios.
El sindicalista camionero Hugo Moyano y el gremialista gastronómico Luis Barrionuevo son los líderes de la protesta a la que se adhirió la Central de Trabajadores Argentinos, que incluye a los empleados estatales. El hecho de que además paren maquinistas de trenes y choferes de autobuses pese a ser del sindicalismo afín a Fernández hace prever que se convertirá en el paro más masivo de los últimos tres años.
La presidenta afirmó que no son tantos los problemas. «Si todo estuviera mal, ¿qué son esos miles y miles de argentinos que yo veo en capital, cuando en los fines de semana no hay lugar en ningún restaurante, en ningún cine?,» se preguntó Fernández recientemente.
Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, dijo a AP que la protesta obedece a un «generalizado descontento social» motivado por el alto costo de vida, que en enero -cuando se produjo una fuerte devaluación del peso- y febrero fue de más de 7%.
Giusto puntualizó, sin embargo, que algunos gremialistas tienen aspiraciones políticas. En sus reivindicaciones, los huelguistas también exigieron que el gobierno combata la creciente delincuencia.
«Este paro es más importante que otros y contribuirá a recalentar el escenario social», afirmó Giusto, cuya consultora contabilizó 500 cortes en la vía pública en enero y febrero en el país, un «número alto» para lo que es habitual en el verano austral y que obedecieron a que las discusiones salariales se adelantaron.
«En marzo tuvimos 656 piquetes… una cifra elevada y la tendencia va en aumento. Hay muchas negociaciones salariales irresueltas», advirtió el consultor, para quien la inflación, la segunda más alta en la región después de la de Venezuela, sigue siendo el principal problema.
Los huelguistas se quejan de que los aumentos logrados en algunas negociaciones salariales se licuarán por la inflación y por el impuesto a las ganancias en los sueldos.
Una encuesta de la firma Polldata realizada a 450 personas el 2 y 3 de abril indicó que 62% piensa que a Fernández «se le están saliendo bastante las cosas de control».
«Me preocupa que algún día la inflación sea tan grande que no nos alcance para llegar a fin de mes», se lamentó María Eugenia Diez, un ama de casa de 42 años casada y con dos hijos que reside en La Lucila, cerca de Buenos Aires.
Diez señaló a AP que aunque su familia no sufre «apremios económicos» carece de capacidad de ahorro. «Ir a comer afuera lo tenemos que pensar 25 veces», señaló la mujer.
Aunque consideró que los reclamos sindicales son justos, Diez se manifestó en contra del paro. «Nadie quiere inflación ni que le sigan tocando el sueldo con impuestos. ¿Pero qué por esos motivos pares un país?», sostuvo.
