Tal y como lo anunció hace unas semanas, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la Ley de Precios Justos, en el cual solicitan también medidas cautelares del instrumento legal.
El presidente de la cúpula empresarial, Jorge Roig acudió junto al grupo de abogados hasta la sede judicial para el proceso. Desde allí aseguró que la Ley, lejos de resolver los conflictos, contribuye a acentuar problemas de la economía.
Explicó que es violatoria de la Constitución Bolivariana, en su artículo 62, al no ser consultada con el sector. Además el documento contempla medidas cautelares inmediatas para que no aumenten las colas y el desabastecimiento.