El canciller Elías Jaua aseguró este lunes que el gobierno está abierto a que un representante del Vaticano o un grupo de cancilleres de Unasur puedan servir de «testigo de buena fe» para iniciar un diálogo con la oposición.
«Pudiera ser el secretario de estado del Vaticano, quien fue nuncio y conoce bien la realidad venezolana y es un hombre con una visión objetiva de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela», respondió Jaua al ser entrevistado en el canal de noticias Globovisión cuando se cumplen dos meses de una protesta que dejó 39 muertos.
Luego agregó que el gobierno de Venezuela aceptaría también a «un pequeño grupo de cancilleres de Unasur» (Unión de Naciones Sudamericanas) y cerró precisando que aprobaría también a alguien propuesto por la oposición «siempre que sea para crear mejores condiciones».
El pasado jueves, el presidente Nicolás Maduro ya había aceptado que «un testigo» facilitara los contactos durante una visita de dos días (lunes y martes pasado) de cancilleres de Unasur a Caracas.
Tras reuniones con distintos sectores de la sociedad a pedido del gobierno venezolano (con estudiantes, representantes de los partidos de oposición y del chavismo, miembros de la iglesia venezolana), la comisión de Unasur celebró «la voluntad» de ambas partes por acordar una mediación.
Sin embargo, sectores de oposición critican que mientras el mandatario llama al diálogo, la justicia venezolana sigue deteniendo a estudiantes y dirigentes opositores.
Venezuela vive una oleada de protestas iniciadas por el movimiento estudiantil el 4 de febrero en San Cristóbal, que se extendieron a otras ciudades con el apoyo de los partidos políticos con reclamos contra la inflación, la inseguridad, la escasez de productos básicos y las detenciones de estudiantes y líderes.
En las últimas semanas, las manifestaciones de calle han ido perdiendo intensidad, aunque aún se registran episodios de violencia.
Desde el 12 de febrero, muchas de las manifestaciones han sido dispersadas con gases y otras han derivado en refriegas entre enmascarados y antimotines, con un saldo por ahora de 39 fallecidos, 560 heridos entre civiles y militares, 168 detenidos y 81 investigaciones abiertas por violaciones de los derechos humanos.
