El 13 de febrero fue publicado, en la Gaceta Oficial 40355, el Reglamento Interno del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), una especie de administrador de la opinión pública que tiene la facultad de recopilar, clasificar o limitar la información compartida en Internet para identificar, neutralizar o derrotar la “fortaleza o amenaza” de la estabilidad política del país.
Cualquiera podría ser blanco de acusaciones, indican defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con especialistas, el Estado tiene carta abierta para sancionar “acciones desestabilizadoras” que derivan del uso de plataformas como Twitter y Youtube, páginas web o blogs, una medida violatoria del derecho a la privacidad y otras garantías establecidas en tratados internacionales.
El Cesppa fue impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia por la ONG Espacio Público, debido a su condición “netamente política”. La solicitud se introdujo el 20 de marzo y está en etapa de sentencia.
“El hecho de que se apruebe este reglamento tan restrictivo pudiera implicar la posibilidad de hacer espionaje o seguimiento a cualquier persona en el ejercicio de la libertad de expresión; o bloquear, como ocurrió, el acceso a ciertos contenidos en redes sociales. Preocupa porque ha coincidido con el discurso oficial que criminaliza el uso de Internet y existen advertencias de posibles censuras”, explicó vía telefónica Luisa Torrealba, investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y coordinadora del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
La “actividad enemiga”
En el artículo ¿Qué es el Cesppa y por qué va contra el derecho humano a la información? la misma especialista señaló que la instancia va en contra de los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución, que prohíbe la censura previa y garantiza el acceso a la información.
“El Cesppa tiene como atribuciones solicitar, organizar, integrar y evaluar las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”, según lo establece en el artículo 3 del decreto de creación”, agregó.
El organismo, dijo, se inscribe en la tendencia del uso desproporcionado del poder estatal para condenar la disidencia, a través de mecanismos legales.
Desconocimiento y carácter militar
Karelia Espinoza, politóloga y bloguera, advierte del carácter político-militar del Cesppa, autorizado para sancionar a ciudadanos si publican contenido “incómodo” al Gobierno.
“En estos momentos nadie sabe que ese organismo está funcionando y me parece grave. Es de inteligencia, de dirección político-militar y puede hacer que te detengan porque simplemente eres de oposición, o no les gusta tu idea”, comentó.
Aunque desconoce si el ataque contra la periodista del Diario 2001, Mil Manrique, fue bajo la actuación del Cesppa, dijo que le encuentra lógica a ese caso de allanamiento y detención ocurrido el fin de semana pasado en Caracas. Es decir, añadió, la Gaceta Oficial ampara a la Guardia Nacional Bolivariana. “Hay mucha ambigüedad al respecto y el reglamento está bajo libre interpretación”.
Reiteró que las acusaciones hacia Mil Manrique eran “por tener material de propaganda en contra de un Gobierno constituido”, como declarara el jefe del Core 5, general Manuel Quevedo.
Antecedentes de censura
Según la politóloga, en Estados Unidos y Europa, el Gobierno también ha intentado regular el contenido en Internet. Y hay ejemplos extremos como los bloqueos en China y Corea (Venezuela no está a ese nivel, precisó).
Explicó que en el país hay antecedentes de censura a la información. Lo demuestra la falta de mantenimiento a la infraestructura de telecomunicaciones y la banda ancha limitada; además del bloqueo a páginas web y las presiones que ejerce Conatel a los prestadores de servicio.
Y quedan otros factores que atentan con las libertades ciudadanas. “Está la compra de medios, la no renovación de concesiones por razones políticas, el cierre de emisoras de radio y la negativa en la entrega de divisas para los medios impresos”.
Espinoza citó el estudio elaborado por Conatel sobre la suscripción residencial de Internet en el país y comentó que el servicio se redujo 1,96%, algo que nunca había sucedido (desde los años 90 la suscripción a Internet iba en ascenso).
Consideró que la baja es el resultado de los problemas reincidentes con la conexión. De hecho, sentenció, Cantv es el prestador con más fallas en la banda ancha.
Ahora los venezolanos prefieren la conexión con la plataforma Dial-Up (opción más económica para el acceso a la red).
Aclaró que no es lo mismo el número de usuarios que de suscriptores. Probablemente hay más usuarios, pero la mala calidad del servicio restó clientes.
