Durante el segundo día de encuentro de las XXIX Jornadas J.M Domínguez Escovar, tituladas para esta edición Estado de Derecho y Represión en Venezuela, que se celebran en Biotel Suites, se trataron los temas Manipulación de los tipos penales de usura, especulación y acaparamiento, y Derecho penal del trabajo.
Los ponentes del día de ayer fueron los especialistas en leyes Magally Vásquez González y Jorge Rossel Senhenn, quienes señalaron que la legislación venezolana no ofrece a los inversionistas garantías ni escenarios claros para su interpretación.
Para describir el actual panorama legal en cuanto a inversión se refiere Vásquez señaló que en Venezuela existe una práctica legislativa “pésima”, que en diversos códigos ha generado una confusión o ambigua interpretación entre sentencias penales y administrativas.
Al hablar entonces de delitos como usura y el carácter voluble de la ley, la especialista explica que el decreto actual, que sanciona de cuatro a seis años de prisión a quienes incurren en este delito, contempla situaciones indeterminadas que sólo se traducen en una exigencia para obtener una ventaja notoria sobre el empresario, ya que no existe una definición clara de lo que es proporcional o no, por mencionar uno de los tantos vacíos.
“La manera de describir, en la ley, las conductas brinda una discrecionalidad al funcionario llamado a aplicar la norma, lo que supone un juicio de valor para comprender lo expresado. Es allí donde la libertad se pone en riesgo”.
Al hablar del caso Daka señaló violaciones flagrantes al principio de juez natural. Entre ellas la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asigna competencias especiales a determinados tribunales de la república, no estipuladas en ley.
Indicó que este tipo de imprecisiones también afecta a toda aquella persona que venda un bien u ofrezca un servicio alguno.
Al describir el panorama legislativo para la inversión Rossel señaló que en Venezuela existen leyes que expresan una serie de delitos penales que se traducen en una especie de represión de la actividad económica privada.
Para ejemplificar tal aseveración señala el supuesto principio de responsabilidad objetiva, que a su juicio es contradictorio, ya que en la actualidad no es necesario demostrar la relación de causalidad entre el hecho cometido y los resultados dañosos. “Automáticamente al producirse el hecho, es responsable el empleador”, comentó.
Disposiciones penales que desestimulan la inversión ¿Quién querrá invertir en Venezuela si existen una serie de normas que violentan los principios penales?, se preguntó.
“Nos encontramos con una serie de normas simbólicas que pregonan una serie de beneficios que no se producen, puesto que con códigos como este sólo desaceleran la actividad económica e inversión privada”, indició.
Según Rossel la causa de tal problemática es la filosofía del actual gobierno. “Es un Estado que pregona el socialismo marxista-leninista, una vulgar imitación de Cuba”.
