La Guardia Nacional desalojó el viernes barricadas en el estado Táchira, dijo un alcalde opositor, mientras el gobierno informó que la alcaldía de Maracaibo fue atacada con bombas molotov.
El alcalde encargado de San Cristóbal en Táchira, Sergio Vergara, dijo a la AP que desde la madrugada, efectivos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en diferentes zonas de la ciudad.
«La Guardia Nacional está procediendo a levantar las barricadas, pero todo en un ambiente de mucha violencia», dijo Vergara vía telefónica. «Todavía en el sector de Pueblo Nuevo nos informan que se mantienen enfrentamientos allí».
Táchira, al suroeste de la capital y limítrofe con Colombia, fue uno de los estados más golpeados por la violencia de este mes entre el oficialismo y la oposición, que ocasionó al menos 32 muertos en diversos lugares del país y dio lugar a una visita de cancilleres de países vecinos.
Vergara, de la oposición, criticó la forma en que los uniformados realizaron el operativo con gases lacrimógenos, balas de goma y violencia contra las personas.
El funcionario reemplaza al alcalde Daniel Ceballos, quien fue acusado de instigar a la violencia contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sentenciado esta semana a 12 meses de cárcel y destituido de su cargo por el Tribunal Supremo.
La semana anterior, Enzo Scarano, alcalde opositor del municipio de San Diego, en Carabobo, fue condenado por la misma corte a 10 meses y dos semanas de arresto por desacatar una orden judicial que le exigió retirar las barricadas colocadas por manifestantes opositores en las calles.
Paralelamente el gobierno dio a conocer que desconocidos atacaron la Alcaldía de Maracaibo, en el Estado Zulia.
«Hoy (viernes) grupos violentos atacaron a la alcaldía de la ciudad de Maracaibo con bombas molotov, con armas de fuego», informó el canciller Elías Jaua en un programa televisado.
Desde febrero, Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación _que alcanzo en febrero una tasa anualizada de 57,3%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de estado en coordinación con grupos estadounidenses que tienen intereses creados.
Paralelamente, la Corte de Apelaciones de Caracas negó la apelación solicitada por los abogados de otro dirigente opositor preso, Leopoldo López, según informó en un comunicado.
López está encarcelado desde el 18 de febrero y las autoridades lo acusan de ser responsable de organizar las protestas de forma directa, junto a la diputada opositora María Corina Machado.
A comienzos de esta semana un grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) viajó a Caracas donde se reunió con Maduro, empresarios, líderes religiosos, opositores y estudiantes.
Los cancilleres recomendaron a Maduro, entre otras medidas, designar de común acuerdo con la oposición a un testigo de buena fe que facilite un diálogo entre el oficialismo y la oposición.
Hasta ahora no se informó quien será ese mediador, pero la canciller colombiana María Angela Holguín dijo el viernes desde Nueva York a una emisora de radio de su país que no serán los estados de Unasur los mediadores, aunque haya un grupo dentro de la comisión que seguirá la situación venezolana.
«No hay ninguna intención de ser mediadores», expresó Holguín. «Lo que ellos han solicitado es un testigo, un testigo de excepción que sea alguien en la medida de lo posible un actor internacional, que no va a ser ninguno de los países de Unasur, por supuesto».
Holguín reconoció que la oposición venezolana estaba dividida.
Por su parte, Jaua lamentó que algunos grupos violentos no estén haciendo caso al llamado de paz de la Unasur.
«Son los grupos violentos que hoy salen diciendo que no se sientan con Unasur que desconocen a los se sentaron con Unasur», dijo Jaua.
«Es ahí donde se requiere la valentía de una fuerza política para deslindar claramente de esos sectores minoritarios, no se puede seguir a las dos aguas», agregó Jaua. «La MUD (la alianza de partidos opositores) tiene que llamar a deponer a sus seguidores todas las acciones violentas».
